Repuestos para vehículos podrían encarecerse por presiones fiscales y arancelarias en Colombia
El mercado de autopartes en Colombia inicia el año 2026 con una demanda activa, impulsada por la recuperación del sector automotor en 2025, pero enfrenta un entorno complejo marcado por crecientes presiones fiscales, arancelarias y regulatorias que están redefiniendo la operación de toda la industria.
Presiones sobre la liquidez del sector
Para la Asociación Colombiana de Autopartes (Asopartes), el principal desafío con el que arranca este año es la presión sobre la liquidez del sector. El gremio ha advertido que el Decreto 572, que anticipa el pago de impuestos mediante retención en la fuente, afecta directamente el capital de trabajo de una industria donde aproximadamente el 85% de las autopartes son importadas y dependen de un flujo de caja constante para garantizar el abastecimiento.
Aunque esta medida entró en vigencia el 1 de junio de 2025, este inicio de 2026 marca el primer ciclo fiscal completo en el que las empresas operan bajo estas nuevas reglas, lo que amplifica significativamente su impacto en la operación diaria.
Crecimiento del parque automotor y demanda de repuestos
En 2025 se matricularon 254.438 vehículos nuevos, lo que representa un crecimiento del 26,4% frente a 2024. Paralelamente, las motocicletas registraron 1.125.540 matrículas nuevas, con un crecimiento positivo del 35,1% respecto al año anterior, consolidándose como el principal componente del parque automotor del país.
Este comportamiento sostiene la demanda de autopartes y servicios de mantenimiento, en un mercado donde la reposición y la reparación siguen siendo claves para la movilidad diaria y donde el precio final es un factor decisivo para el consumidor.
Riesgo de aumento de la informalidad
Carlos Andrés Pineda, presidente de Asopartes, expresó su preocupación: "El mercado muestra señales de demanda, pero las decisiones fiscales están reduciendo la liquidez de las empresas. En un sector intensivo en importaciones, esta presión no solo afecta el abastecimiento, sino que puede terminar desplazando al consumidor hacia canales informales".
A finales de 2025, el Gobierno colombiano propuso un incremento arancelario de hasta 40% para vehículos de combustión (gasolina/diésel) y de hasta 35% para motocicletas de combustión y sus insumos. Estas medidas no solo encarecen el vehículo nuevo, sino también los repuestos de colisión y las partes mecánicas que no se producen en el país, elevando el costo de mantenimiento por encima de la inflación general.
Desde el gremio se advierte que, cuando los precios del mercado formal aumentan de manera acelerada, el mercado informal tiende a ganar terreno, con impactos directos en la seguridad vial y en la competencia leal.
Doble desafío: transición energética y estabilidad regulatoria
En paralelo, la transición hacia vehículos híbridos y eléctricos plantea un doble desafío. Aunque 2025 mostró un fuerte crecimiento en este segmento, el debate sobre el desmonte de beneficios tributarios introduce incertidumbre.
Para el sector autopartista, los vehículos híbridos siguen siendo estratégicos al combinar componentes tradicionales con sistemas electrónicos que exigen mayor especialización técnica y capacitación, una barrera que no siempre está presente en los mercados informales.
Proyecciones y llamado al Gobierno
Con este contexto, Asopartes proyecta que el mercado de autopartes podría crecer un 8% en 2026, impulsado por el envejecimiento del parque automotor y una mayor demanda de mantenimiento preventivo y correctivo, especialmente en categorías como lubricación, filtros, frenos, suspensión y llantas.
Sin embargo, el gremio advierte que el mayor riesgo para el año será un aumento de la informalidad si las presiones fiscales y arancelarias continúan elevando los precios del mercado formal.
"El 2026 será un año de decisiones. El sector tiene demanda, pero necesita reglas claras y estabilidad para crecer de manera formal, proteger el empleo y garantizar la seguridad vial de los colombianos", concluyó Pineda, haciendo un llamado al Gobierno para establecer políticas que brinden certidumbre al sector.
