Superintendencia de Industria y Comercio indaga presuntas prácticas anticompetitivas en compras estatales
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició formalmente dos investigaciones administrativas por presuntas infracciones al régimen de libre competencia en procesos de contratación pública, según informó la entidad a través de sus canales oficiales. Estas actuaciones se enmarcan dentro de las funciones de vigilancia que ejerce la SIC sobre el sistema de compras estatales del país.
Contexto de las investigaciones y balance reciente
Estas nuevas investigaciones se suman a las decisiones adoptadas por la SIC desde febrero de 2024, período durante el cual se han impuesto sanciones a 136 personas por conductas relacionadas con prácticas restrictivas de la competencia. Las multas acumuladas en este lapso superan los 66 mil millones de pesos, demostrando el rigor con que la entidad aborda estos casos.
La SIC, en su calidad de autoridad única de protección de la libre competencia en Colombia, mantiene funciones de inspección, vigilancia y control sobre el sistema de compra pública. Según reportes de la OCDE, en 2024 este mecanismo canalizó el 10,34% del Producto Interno Bruto del país, recursos destinados principalmente a iniciativas estatales de infraestructura y programas de atención social.
Detalles de las dos investigaciones iniciadas
Primera investigación: Caso ICBF en Magdalena
La primera actuación administrativa se relaciona con una invitación pública del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para la prestación de servicios de educación inicial dentro del marco de la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia "De Cero a Siempre". El proceso investigativo se originó tras una denuncia presentada por el propio ICBF.
La Superintendencia busca establecer si la Fundación Alianza Para El Bien Social y la Fundación Sembrando Amor Para Un Futuro Mejor coordinaron su participación con el propósito de aumentar sus posibilidades de adjudicación en un número mayor de zonas al permitido en el pliego de condiciones. Los hechos investigados se habrían presentado en cinco zonas del departamento de Magdalena, específicamente en el Centro Zonal de Ciénaga, con un presupuesto cercano a los 17 mil millones de pesos.
Segunda investigación: Caso La Mesa, Cundinamarca
La segunda investigación corresponde a una licitación adelantada por el Municipio de La Mesa, Cundinamarca, para obras de infraestructura. El expediente se abrió tras una denuncia de la Alcaldía municipal, que advirtió posibles indicios de un acuerdo entre los proponentes Lufsacivil S.A.S., Econ Ingeniería S.A.S. y Castro Flórez S.A.S. (actualmente Sf Ingeniería S.A.S.), con el fin de incrementar sus probabilidades de adjudicación.
Otras investigaciones en curso y casos recientes
La entidad señaló que prevé concluir en los próximos meses investigaciones vinculadas a procesos de alto impacto nacional, entre las cuales se destacan:
- Un presunto direccionamiento en procedimientos de contratación del Hospital Militar
- Posibles prácticas de colusión en contrataciones de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para el suministro de vehículos destinados a esquemas de seguridad
- Presuntos actos de corrupción en procesos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd)
En decisiones recientes, el Despacho de la Superintendente sancionó a ocho personas dedicadas a la organización de eventos, apoyo logístico y diseño gráfico por celebrar un acuerdo anticompetitivo en procesos adelantados por la Alcaldía de Pasto, la Gobernación de Nariño y otras entidades de la región. Este caso se encuentra pendiente de resolver recursos de reposición.
Balance de gestión y herramientas de investigación
Entre febrero de 2024 y la fecha actual, la Superintendente Cielo Rusinque ha emitido trece decisiones relacionadas con restricciones a la competencia en contratación estatal. Además de las 136 sanciones impuestas (que incluyen siete funcionarios públicos), la entidad reportó la resolución de 12 ofrecimientos de garantías y la atención de 33 solicitudes de medidas cautelares, varias de ellas en el caso de la UNP.
La Superintendencia destacó que las investigaciones se han apoyado en denuncias y elementos de prueba aportados por entidades públicas, así como en los criterios recogidos en la Cartilla de Colusiones, documento que orienta la identificación de prácticas restrictivas en los procesos de selección dentro del sistema de compra pública.
La SIC mantiene su compromiso con la protección de la libre competencia en los procesos de contratación pública, fundamentales para el desarrollo de proyectos de infraestructura y programas sociales en todo el territorio nacional.
