Superintendencia de Industria y Comercio inicia dos nuevas investigaciones por presuntas prácticas anticompetitivas
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), como autoridad única de protección de la libre competencia en Colombia, ha abierto dos nuevas investigaciones por posibles acuerdos anticompetitivos en procesos de contratación pública. Estas indagaciones se centran en casos en el departamento de Magdalena y el municipio de La Mesa, Cundinamarca, con el objetivo de determinar la existencia de prácticas de colusión que podrían haber afectado el adecuado funcionamiento del sistema de compra estatal.
Primera investigación: Licitación del ICBF en Magdalena
La primera investigación de la SIC está relacionada con una invitación pública adelantada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para la prestación de servicios de educación inicial en el marco de la atención integral a la primera infancia. La actuación administrativa inició por una denuncia del ICBF y busca establecer si dos fundaciones, la Fundación Alianza Para El Bien Social y la Fundación Sembrando Amor Para Un Futuro Mejor, coordinaron su participación en el proceso para aumentar sus probabilidades de acaparar un mayor número de zonas de las permitidas.
El presunto comportamiento se habría presentado en cinco zonas ubicadas en el departamento de Magdalena, específicamente en el Centro Zonal de Ciénaga, donde existió un presupuesto oficial de casi 17 mil millones de pesos. La SIC resalta la importancia de este caso, ya que, según informes de la OCDE, para 2024, el 10,34 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia se canalizó a través del sistema de compra pública, haciendo crucial la protección de la libre competencia.
Segunda investigación: Obras de infraestructura en La Mesa, Cundinamarca
La segunda investigación se atribuye a una licitación adelantada por el Municipio de La Mesa, Cundinamarca, para desarrollar obras de infraestructura. La actuación administrativa inició por una denuncia de la Alcaldía del municipio, que refirió elementos que sugieren la existencia de un acuerdo anticompetitivo entre tres proponentes: Lufsacivil S.A.S., Econ Ingeniería S.A.S. y Castro Flórez S.A.S. (actualmente Sf Ingeniería S.A.S.).
La alianza entre estos agentes habría estado encaminada a incrementar sus probabilidades de adjudicación y asegurar un resultado favorable a beneficio propio. La Superintendencia destaca la colaboración activa de las entidades públicas afectadas, que presentaron denuncias y elementos de prueba indicativos de complicidad en procesos de contratación pública.
Otras investigaciones en curso y sanciones recientes
Además de estos casos, la SIC prevé que en los próximos meses finalizará la instrucción de investigaciones relacionadas con posibles conductas irregulares en procesos de selección de alto impacto nacional. Entre estas se destacan:
- Un presunto direccionamiento en procedimientos de contratación del Hospital Militar.
- Posibles prácticas de colusión en las contrataciones de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para el suministro de vehículos destinados a servicios de seguridad.
- La investigación sobre posibles actos de corrupción ocurridos en procesos de contratación de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD).
Finalmente, entre febrero de 2024 y la fecha, la SIC ha emitido trece decisiones en casos vinculados a prácticas restrictivas de la competencia en el ámbito de la contratación estatal. En estos procesos se sancionó a 136 personas, incluyendo siete funcionarios públicos, con multas superiores a 66 mil millones de pesos. Con estas actuaciones, la entidad busca proteger la libre competencia en el sistema de compra pública y garantizar la materialización de objetivos de política pública para el desarrollo económico y la justicia social.
