Superintendencia de Industria y Comercio interroga a empresas sobre sus prácticas de precios
En un movimiento regulatorio que ha generado amplio debate, la Superintendencia de Industria y Comercio ha enviado recientemente requerimientos formales a numerosas empresas colombianas, exigiendo explicaciones detalladas sobre sus "parámetros para fijar precios", sus "márgenes de ganancia mínimos" y la lógica fundamental detrás de sus algoritmos de precios. Esta acción ha desatado críticas desde diversos sectores empresariales y académicos, quienes cuestionan la comprensión económica subyacente en estos cuestionarios.
Cuestionamiento a la visión mecanicista del mercado
Los documentos enviados por la Superintendencia revelan, según expertos consultados, una notable incomprensión sobre la naturaleza dinámica del proceso de mercado. Los cuestionarios parecen basarse en una visión mecanicista y centrada en costos que la ciencia económica moderna ha refutado ampliamente desde hace más de un siglo. Ante esta intromisión regulatoria, varios analistas han sugerido respuestas que todo empresario debería considerar enviar.
En una respuesta modelo que circula entre círculos empresariales, se señala directamente a la Superintendencia: "Damos respuesta a su requerimiento no porque reconozcamos en su entidad la capacidad técnica para auditar la cooperación social, sino para dejar constancia de los profundos errores conceptuales que fundamentan su vigilancia". El documento continúa argumentando que la solicitud parte de "la fatal arrogancia de creer que una oficina central puede entender la información dispersa y subjetiva que coordina nuestra actividad".
El precio como fenómeno social descubierto, no impuesto
Uno de los puntos centrales de controversia gira alrededor del concepto mismo de precio. La respuesta empresarial enfatiza que el precio no es un parámetro que las empresas imponen unilateralmente, sino un fenómeno social que se descubre a través de la interacción libre en el mercado. Las empresas simplemente proponen términos de intercambio basados en su estimación de la valoración subjetiva del consumidor, y cualquier intento de parametrizar este proceso bajo criterios jurídicos estáticos representa, según esta perspectiva, una distorsión artificial que podría generar escasez en lugar de protección al consumidor.
Respecto a los márgenes de ganancia, la crítica señala que la Superintendencia opera bajo una premisa económica equivocada: los costos no determinan los precios, sino que son los precios esperados los que justifican los costos. Las empresas no operan sumando gastos para luego agregar un "margen justo" arbitrario, sino que el valor reside fundamentalmente en la mente del consumidor. Si el mercado no valida su propuesta de valor, el margen simplemente desaparece.
Gestión de inventarios y realidad monetaria
La gestión de inventarios y la aplicación de descuentos tampoco obedecen, según la perspectiva empresarial, a una generosidad regulatoria, sino a la necesidad económica de liquidar el mercado y a la preferencia temporal del dinero. La disponibilidad afecta el precio porque la escasez es una realidad económica ineludible, no una conspiración empresarial.
En cuanto a la volatilidad cambiaria, las empresas argumentan que operan en una realidad monetaria distorsionada por la emisión centralizada que el Estado administra, por lo que ajustan precios basándose en el costo de reposición futuro para evitar la descapitalización, "sin pedir permiso para defender el patrimonio de la empresa ante la devaluación de la moneda".
Algoritmos versus burocracia regulatoria
Finalmente, sobre el uso de tecnología, la respuesta contrasta marcadamente ambos enfoques: mientras la Superintendencia utiliza burocracia para intentar auditar el pasado, las empresas emplean algoritmos para procesar información del presente. Estos sistemas no manipulan mercados, sino que resuelven el problema del cálculo económico procesando millones de datos dispersos que ningún planificador central podría jamás abarcar.
El documento concluye señalando que, si bien las empresas cumplirán con informar, rechazan la premisa de que esta intervención regulatoria aporte valor real, advirtiendo que cada traba administrativa representa un impuesto a la eficiencia que termina pagando, inevitablemente, el consumidor que las autoridades dicen proteger.
