Cartagena alcanza solución definitiva para víctimas del proyecto habitacional Aquarela
Después de años de batallas legales, incertidumbre constante y múltiples procesos judiciales, las familias que confiaron sus sueños y ahorros en el fallido proyecto habitacional Aquarela finalmente verán una luz al final del túnel. Ángel Rodríguez, designado por el Distrito de Cartagena como interventor del polémico desarrollo, reveló en entrevista exclusiva que se ha logrado un acuerdo histórico que permitirá devolver el dinero a los compradores afectados.
Un caso urbano que marcó a la ciudad
El proyecto Aquarela se convirtió en uno de los casos urbanísticos más controvertidos de Cartagena, especialmente después de que la torre fuera demolida en 2024 por decisión de la administración del alcalde Dumek Turbay. Esta medida se tomó considerando el riesgo que representaba para la declaratoria de Patrimonio Histórico de la Humanidad otorgada por la Unesco, dada la cercanía de la estructura con el emblemático Castillo San Felipe de Barajas.
Desde entonces, el caso entró en una compleja fase jurídica centrada exclusivamente en reparar a los cientos de compradores afectados. El proceso se ha enfocado en la venta de los tres lotes destinados originalmente al proyecto: dos de menor extensión a nombre de la Promotora Calle 47 S.A.S., y un tercer lote de mayor tamaño bajo encargo fiduciario administrado por Alianza Fiduciaria.
Los obstáculos legales y la solución encontrada
Rodríguez, quien asumió como agente interventor de la Promotora Calle 47, encontró una empresa sin capacidad económica para responder a los compradores. "La sociedad no tenía activos suficientes para pagar a los acreedores", afirmó el funcionario, detallando que las obligaciones con los afectados ascendían a la impresionante suma de $8.793.203.713.
Frente a este panorama desalentador, se inició una liquidación forzosa administrativa y comenzó la búsqueda de activos para conformar una masa que cubriera las deudas. Durante este proceso, se identificó que la promotora tenía una participación del 10% en el fideicomiso Aquarela, cuyo plazo finalizaba el 15 de julio de 2025.
Sin embargo, al solicitar la liquidación anticipada para recuperar recursos, la fiduciaria se negó rotundamente. "Nos dijeron que no, que ese 10% no era suficiente para acabar el fideicomiso", relató Rodríguez.
La presión jurídica que destrabó el proceso
Ante la negativa inicial, la intervención emprendió una serie de acciones legales estratégicas:
- Requerimiento al exrepresentante legal para rendir cuentas
- Acercamiento a instancias como la Superintendencia de Sociedades y la Junta Central de Contadores
- Acción de protección al consumidor ante la Superintendencia Financiera
Esta última acción buscaba hacer responsables solidarios a la fiduciaria y a los demás fideicomitentes del proyecto. "Cuando esto empezó a avanzar y se avecinaban multas y sanciones, ellos nos llamaron a conciliar", explicó el interventor.
Este acercamiento culminó en la firma reciente de un contrato de transacción que establece que el lote de mayor extensión será vendido, y con esos recursos se pagará a todos los afectados. Para ello, se firmaron dos documentos fundamentales:
- El contrato de transacción
- Un "otro sí" que modifica el objeto del fideicomiso
"Ese fideicomiso queda como una fiducia de parqueo, con el único objetivo de vender el lote, recibir los recursos y pagarles a las víctimas", aclaró Rodríguez.
El plan de pagos en dos etapas
La devolución del dinero se realizará mediante un plan estructurado en dos fases claramente definidas:
Primera etapa: Se pagará a los compradores reconocidos dentro del proceso de liquidación forzosa administrativa, aproximadamente 179 personas que suman $3.836.321.730.
Segunda etapa: Con los recursos restantes, se pagará a los demás afectados que no hicieron parte del proceso a tiempo pero que están registrados en la base del fideicomiso, completando así el grupo total de afectados por los $8.793.203.713.
"Ellos quedan como beneficiarios del fideicomiso y se les pagará posteriormente", agregó el funcionario, quien también destacó que el acuerdo contempla levantar todas las acciones legales en curso.
Próximos pasos y seguimiento permanente
En los próximos días, los afectados serán convocados a una reunión informativa donde se les explicará detalladamente el procedimiento para acceder a los pagos. Deberán actualizar su información ante la fiduciaria, que será la encargada de desembolsar los recursos una vez se concrete la venta del lote principal.
Rodríguez aseguró que realizará un seguimiento permanente y exhaustivo a todo el proceso. "Voy a estar pendiente de todo, para que se haga de la mejor manera", afirmó con determinación.
Así, después de años de incertidumbre, frustración y complejas trabas jurídicas, la venta del lote principal de Aquarela se convierte finalmente en la vía definitiva para que cientos de familias cartageneras recuperen el dinero que invirtieron con la esperanza de tener un hogar propio, cerrando uno de los capítulos más dolorosos del desarrollo urbano reciente de la Heroica.
