Gremio constructor alerta sobre impacto de arancel del 35% en materiales de construcción
La decisión del Gobierno Nacional de imponer un arancel del 35% a diversas importaciones de hierro, acero y productos metalmecánicos ha generado una inmediata reacción de alarma en el sector de la construcción. La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) advirtió que esta medida gubernamental elevará significativamente los costos de producción de vivienda y podría trasladarse directamente al precio final que deben pagar las familias colombianas.
Impacto directo en el costo de la vivienda
Según los cálculos presentados por Camacol, el hierro y el acero representan aproximadamente el 16,3% de los costos directos en los procesos constructivos. Con la implementación de incrementos arancelarios que alcanzan el 35%, este componente esencial podría encarecerse alrededor de un 3,9%. Como consecuencia directa de este ajuste, el precio final de la vivienda podría experimentar un aumento cercano al 2,2%, sin considerar el efecto adicional que tendrían los aranceles sobre otros productos como los cerámicos.
Guillermo Herrera, presidente de Camacol, cuestionó abiertamente la coherencia de esta decisión con las políticas de vivienda que promueve el mismo Gobierno. "¿Cómo espera el Gobierno que bajen los precios de la vivienda si al mismo tiempo encarece su producción?", afirmó el dirigente gremial, destacando que esta medida se conoce precisamente cuando se discute un proyecto de decreto sobre los topes de precio de la vivienda de Interés Social (VIS).
Un sector en crisis prolongada
El pronunciamiento del gremio constructor se produce en medio de un panorama ya extremadamente complejo para la actividad edificadora en Colombia. Según Herrera, el sector completa 33 meses consecutivos de caída en las iniciaciones de vivienda y ha regresado a niveles de actividad comparables con los registrados en 2012, hace más de una década.
A esta situación crítica se suma la pérdida de más de 136.000 empleos directos y un aumento acumulado en los costos de construcción que oscila entre el 16% y el 20% en los últimos periodos. La medida arancelaria llega, por tanto, en un momento de especial vulnerabilidad para una industria que representa uno de los principales motores de la economía nacional.
Contradicciones en los objetivos de política pública
Camacol también advirtió sobre posibles contradicciones en los objetivos de política pública que persigue el Gobierno Nacional. Mientras las autoridades buscan proteger el empleo en la industria siderúrgica nacional mediante estas barreras arancelarias, la actividad edificadora genera de manera directa más de un millón de puestos de trabajo en todo el territorio colombiano, según las cifras oficiales del gremio.
Esta tensión entre la protección de un sector industrial específico y el impacto sobre una actividad económica más amplia y generadora de empleo masivo representa uno de los dilemas centrales del debate sobre la medida arancelaria.
Detalles de la medida arancelaria
El decreto gubernamental expedido esta semana establece un arancel del 35% para las importaciones de 14 subpartidas de productos de los sectores siderúrgico y metalmecánico provenientes de países con los que Colombia no mantiene acuerdos comerciales vigentes. Entre los bienes cobijados por esta disposición se encuentran:
- Barras de acero de diversos tipos y especificaciones
- Alambres y alambrón para construcción
- Tubos soldados de uso industrial y residencial
- Alambre de púas para cercados y seguridad
- Clavos, puntillas y grapas de fijación
- Manufacturas de alambre especializadas
- Tornillos y elementos de sujeción metálicos
La medida entraría en vigencia a partir del próximo 1 de abril y tendrá una vigencia inicial de un año completo. El Gobierno Nacional ha defendido esta decisión como una forma de proteger la industria nacional frente al aumento significativo de importaciones desde países con alta capacidad productiva y competitividad internacional, como China, Rusia, Turquía e India.
Las autoridades económicas han señalado que el impacto real de la medida será evaluado de manera exhaustiva al finalizar ese periodo de doce meses, para definir con base en evidencias concretas si se mantiene sin cambios, se ajusta en su porcentaje o alcance, o se desmonta completamente según los resultados observados en la práctica.
