Camacol prepara demanda contra decreto que impone aranceles del 35% al acero
El gremio de la construcción en Colombia, representado por Camacol, ha anunciado que interpondrá una demanda contra el decreto del Gobierno de Gustavo Petro que establece aranceles del 35% a las importaciones de acero y hierro. Esta medida, según el presidente de Camacol, Guillermo Herrera, generaría un incremento significativo en los costos de construcción y afectaría directamente el acceso a la vivienda en el país.
Impacto directo en los costos de construcción
Guillermo Herrera explicó que existe una contradicción evidente en la política pública: mientras el Gobierno busca reducir los precios de la vivienda, simultáneamente implementa medidas que encarecen los materiales de construcción. "Vemos con preocupación que, de un lado, el Gobierno nacional busca bajar los precios de vivienda, pero por el otro lado sigue insistiendo en encarecer los costos de construcción", afirmó el dirigente gremial.
Según los cálculos de Camacol, el aumento del salario mínimo ya genera presiones en los costos de construcción entre un 10% y un 15%. A esto se sumaría el impacto de los aranceles, que podrían representar un incremento adicional cercano al 5%. En conjunto, esto llevaría a un aumento total en los costos de construcción de entre el 15% y el 20%, con efectos directos en el mercado inmobiliario.
Preocupaciones sobre legalidad y estudios técnicos
El gremio cuestiona abiertamente la legalidad del decreto, argumentando que no cumple con las condiciones necesarias para su formación. Herrera expresó especial preocupación por la calidad de los estudios que sustentan la medida: "Estamos muy preocupados por la calidad de los documentos técnicos que generaron esta decisión".
Camacol sostiene que los aranceles al hierro, acero y otros insumos pueden elevar los costos directos de construcción en los que estos materiales representan cerca del 16,3%, trasladándose al precio final de la vivienda con un incremento estimado cercano al 2,2%.
Contexto crítico para el sector de la construcción
El anuncio se produce en un momento particularmente difícil para el sector edificador colombiano, que acumula más de 30 meses de caída en las iniciaciones de vivienda y ha perdido más de 136.000 empleos. A esta situación se suma el encarecimiento de otros segmentos del mercado, como los arriendos, asociado en parte a la reducción en la oferta de vivienda nueva.
Camacol advierte que estas medidas podrían afectar la generación de empleo en un sector que vincula a más de un millón de trabajadores y que resulta clave para la reactivación económica del país. El gremio hizo un llamado al Gobierno nacional a revisar integralmente la decisión, considerando que podría agravar el déficit habitacional y limitar el acceso a vivienda formal.
Mecanismos de control y próximos pasos
La Procuraduría y la Contraloría General han convocado mesas de trabajo para analizar los impactos económicos, jurídicos y sociales de este tipo de decisiones, especialmente en lo relacionado con proyectos de regulación de precios en vivienda de interés social.
Camacol actualmente revisa las herramientas jurídicas disponibles para avanzar en la demanda, mientras continúa su diálogo con las entidades de control. El gremio insiste en que esta medida busca resolver otro problema de fondo que, según Herrera, sería el costo del gas en el país, pero que terminaría afectando gravemente al sector de la construcción y a los colombianos que buscan acceder a vivienda.
