Contraloría advierte sobre decreto que fija precios de vivienda VIS y VIP en pesos sin periodo de transición
La Contraloría General de la República realizó este viernes una mesa técnica con representantes del Ministerio de Vivienda y la Superintendencia de Industria y Comercio para revisar el proyecto de decreto que modificaría la forma en que se negocian las viviendas de interés social y prioritario en Colombia.
El seguimiento se centró en la propuesta de desligar el precio de estas viviendas del salario mínimo y fijarlo directamente en pesos colombianos, medida que impactaría una parte mayoritaria del mercado inmobiliario del país.
Cambio radical en la fijación de precios
El proyecto de decreto propone que los precios máximos de las viviendas VIS y VIP dejen de calcularse con base en salarios mínimos legales vigentes y pasen a establecerse en valores expresados en pesos colombianos.
Actualmente, el valor de estos inmuebles se determina mediante topes definidos en salarios mínimos, lo que ajusta automáticamente el precio cada vez que aumenta ese indicador. Con la modificación, el Gobierno busca establecer montos fijos que permitan mayor previsibilidad en los costos de comercialización y en los subsidios asociados a estos programas.
Preocupaciones sobre proyectos en ejecución
Durante la reunión, la Contraloría expuso inquietudes sobre los efectos que podría generar la transición normativa en los proyectos inmobiliarios que ya se encuentran estructurados bajo el esquema actual.
Varias iniciativas de construcción tienen contratos firmados y planes financieros calculados en salarios mínimos, por lo que un cambio en la referencia de precios podría requerir ajustes contractuales y administrativos significativos.
El organismo de control señaló que aún no existe una ruta definida por el Gobierno para manejar esos casos en ejecución dentro del mercado de vivienda, generando incertidumbre entre los actores del sector.
Impacto en el mercado habitacional
De acuerdo con las cifras revisadas en la mesa técnica, cada año se comercializan en el país más de 100 mil viviendas VIS, lo que representa más de la mitad de las ventas del mercado habitacional colombiano.
Durante la sesión se analizó el comportamiento de la política pública de vivienda de interés social frente al incremento del salario mínimo previsto para 2026. Las entidades evaluaron cómo el cambio regulatorio podría modificar las condiciones de compra para los hogares y los esquemas de financiación de los proyectos inmobiliarios.
Posición de la Contraloría
De acuerdo con el contralor delegado para el sector vivienda, José María Borras, la reunión correspondió a la segunda mesa de seguimiento convocada por la entidad para revisar el contenido del proyecto.
"La Contraloría General de la República realizó el día de hoy la segunda mesa de seguimiento al proyecto de decreto donde se establece el valor de la vivienda de interés social y de interés prioritario teniendo en cuenta el alza del salario mínimo en el año 2026", afirmó Borras.
El funcionario explicó que, según lo discutido en la mesa, el esquema planteado establece valores equivalentes a los topes actuales, pero definidos en moneda local.
"Como conclusión, podemos definir que el valor de la vivienda se define en pesos colombianos y los topes de la vivienda quedan definidos para vivienda de interés social en 135 y en vivienda de interés prioritario en 90 salarios mínimos legales vigentes", señaló Borras.
El delegado añadió que persiste incertidumbre frente al tratamiento que recibirán los proyectos inmobiliarios que ya fueron comercializados bajo el sistema de precios en salarios mínimos.
"Quedamos con la incertidumbre de qué va a pasar con aquellos negocios que ya están firmados y en ejecución, teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional no ha definido qué va a pasar con ellos, aquellos proyectos que están fijados en salarios mínimos", indicó el contralor delegado.
La falta de un periodo de transición claro y definido para los proyectos en curso representa uno de los principales puntos de preocupación identificados por el organismo de control, que continuará monitoreando el desarrollo de esta iniciativa gubernamental.
