Gobierno propone cambio histórico en comercialización de viviendas de interés social
El Ministerio de Vivienda ha dado a conocer un borrador de decreto que plantea una transformación significativa en la forma en que se comercializan las viviendas de Interés Social (VIS) y de Interés Prioritario (VIP) en Colombia. La iniciativa busca establecer que estos inmuebles dejen de tener precios variables basados en salarios mínimos y adopten un valor fijo expresado en pesos colombianos desde el inicio del proceso de compra.
Contexto del cambio regulatorio
Esta propuesta surge en un momento crucial, marcado por el aumento del 23% del salario mínimo para el año 2026. Este incremento automáticamente elevó el valor máximo permitido para las viviendas VIS y VIP, generando preocupación sobre el acceso de las familias colombianas a este segmento del mercado inmobiliario. El borrador, citado ampliamente por medios como el diario La República, representa una respuesta del Gobierno Nacional a esta situación.
Nuevas obligaciones para constructores y vendedores
De acuerdo con el proyecto de decreto, los constructores y vendedores estarán obligados a informar el precio total de la vivienda en pesos colombianos desde el primer momento en que el comprador manifieste su intención de adquirir el inmueble. Esta obligación se aplicará en todas las etapas del proceso, incluyendo:
- Separación de la vivienda
- Promesa de compraventa
- Encargo fiduciario
- Opción de compra
- Cualquier documento equivalente
El Ministerio de Vivienda ha enfatizado que este valor deberá ser comunicado de forma clara, expresa y verificable, constituyéndose como el único precio exigible durante todo el proceso contractual. Esto significa que, una vez establecido, el precio no podrá modificarse posteriormente por cambios en el salario mínimo, como ocurre en el sistema actual.
Mantenimiento de topes máximos en salarios mínimos
Aunque el precio se expresaría en pesos colombianos, el decreto mantendría los límites actuales definidos en salarios mínimos como referencia para establecer el valor máximo permitido. Los topes propuestos serían:
- Vivienda de Interés Social (VIS): hasta 135 salarios mínimos
- Vivienda de Interés Prioritario (VIP): hasta 90 salarios mínimos
- VIS rural en San Andrés, Providencia y Santa Catalina: hasta 280 salarios mínimos
Impacto en el mercado inmobiliario
La diferencia fundamental de esta nueva regulación radica en que el precio se fijará en pesos desde el inicio del proceso, evitando incrementos posteriores derivados de ajustes en el salario mínimo. Esta medida busca proporcionar mayor estabilidad y predictibilidad tanto para compradores como para vendedores, eliminando la incertidumbre asociada a las variaciones anuales del salario mínimo.
El proyecto de decreto representa un esfuerzo del Gobierno Nacional por garantizar que las viviendas de interés social y prioritario mantengan su accesibilidad para las familias colombianas, especialmente en un contexto de ajustes salariales significativos. La iniciativa busca equilibrar la necesidad de proteger el poder adquisitivo de los compradores con la viabilidad económica de los proyectos de construcción.
