Gobierno desvincula precio de vivienda social del salario mínimo
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio ha publicado un borrador de decreto mediante el cual busca que las Viviendas de Interés Social (VIS) y las Viviendas de Interés Prioritario (VIP) se comercialicen exclusivamente en pesos colombianos, rompiendo así su histórica vinculación con el salario mínimo. Esta medida representa un cambio estructural en la política habitacional del país.
Nuevos topes establecidos en pesos
La cartera ministerial ha fijado límites específicos para ambas categorías de vivienda:
- Vivienda VIS: Tope máximo de 135 salarios mínimos, equivalente a $236 millones considerando el salario mínimo de $1,75 millones
- Vivienda VIP: Tope máximo de 90 salarios mínimos, equivalente a $157 millones
Esta determinación busca contrarrestar los efectos del incremento del 23% en el salario mínimo sobre la inflación, aunque no constituye la primera intervención del Ministerio en este tema durante 2026. Anteriormente, el 15 de enero, ya se había establecido que el tope general para vivienda VIS sería de 135 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (Smlmv).
Impacto diferenciado por tipo de vivienda
La vivienda de interés social en aglomeración será la más afectada por los decretos de desindexación. Antes de su expedición, este tipo de vivienda tenía un tope de 150 salarios mínimos ($263 millones en 2026), pero el nuevo límite de 135 Smlmv la ubica en $236 millones, representando una reducción de $27 millones respecto a lo que habría sido sin la desindexación.
El borrador establece claramente que todos los contratos para adquirir viviendas VIS deberán fijar de manera expresa, clara y verificable el precio total en pesos colombianos, siendo este el único valor exigible durante la ejecución del contrato. Los únicos ajustes permitidos serían aquellos relacionados con motivos extraordinarios que afecten los precios de insumos, debidamente soportados en el Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones (Icce) del DANE.
Justificación gubernamental y críticas sectoriales
El Gobierno fundamenta esta medida en la desincronización entre el ritmo de crecimiento de los costos de producción y mano de obra con la variación del salario mínimo y la inflación. Según datos oficiales, al cierre de 2025 estos costos crecieron 3,61%, frente a una inflación de 5,1%.
"El riesgo es la oferta futura: frenar la construcción hoy implica menos vivienda mañana y, en consecuencia, más presión sobre los arriendos y la vivienda usada", advirtió el Ministerio en su comunicado.
Sin embargo, la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) ya había manifestado su desacuerdo con la propuesta de desindexación, argumentando que no cumpliría el objetivo de aliviar el gasto de los hogares. Según el gremio, esta medida reduciría la oferta, encarecería el mercado y pondría en riesgo los subsidios y el acceso al crédito hipotecario.
Contexto inflacionario y proyecciones
La propuesta de desindexar la vivienda del salario mínimo forma parte de una estrategia más amplia para contener los efectos inflacionarios del aumento salarial. Otras áreas que podrían seguir el mismo camino incluyen:
- Multas y sanciones administrativas
- Ciertos trámites ante entidades públicas
- Tarifas notariales específicas
- Topes para acceder a subsidios y programas sociales
- Ajustes contractuales privados como arrendamientos o servicios profesionales
José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y actual rector de la EIA, señaló que el impacto del salario mínimo sobre los factores indexados a este indicador llevaría a que la inflación de 2026 cierre en un rango de 6,5% a 6,7%. "La inflación se acelerará cerca de 30% este año", concluyó el experto económico.
Excepción para la región insular
En el caso particular de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el valor máximo para la vivienda de interés social rural se establece en 280 salarios mínimos, equivalente a aproximadamente $490 millones. Esta decisión excepcional considera factores como:
- Adaptación ante eventos climáticos extremos
- Cantidades reales de obra requeridas
- Precios actualizados de materiales, transporte interno y mano de obra local
- Criterios de resiliencia al cambio climático
El valor aproximado por metro cuadrado en esta región sería de $6.809.075, significativamente superior al promedio nacional. El alcance final de la desindexación dependerá de la versión definitiva del decreto y de la reacción del mercado inmobiliario colombiano.
