Cali enfrenta riesgo de convertirse en ciudad favela por restricciones en nuevo POT
Los técnicos de Planeación Distrital realizaron un trabajo destacado en la formulación de la parte urbanística del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Cali, actualmente en proceso de trámite. Sin embargo, un aspecto fundamental genera profunda preocupación entre ciudadanos y empresarios vinculados al sector inmobiliario y constructor: la insuficiente consideración de áreas de expansión para desarrollar las decenas de miles de viviendas que la ciudad necesitará durante la vigencia del nuevo instrumento de planeación.
Falta de espacio y migración forzada
El documento técnico de soporte revela datos alarmantes: aproximadamente el 18% de las viviendas requeridas serán "asumidas" por municipios vecinos, lo que representa una migración forzada con graves consecuencias económicas para Cali. La ciudad dejaría de percibir enormes ingresos por concepto de impuesto predial, tasas y servicios públicos, debilitando su capacidad financiera para atender las necesidades de la población.
La situación se complica aún más con la posición de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), que según trascendidos, no estaría dispuesta a aceptar la modesta propuesta de crecimiento urbano contenida en el proyecto de POT. Esta innecesaria restricción del espacio propiciará desarrollos ilegales, invasión incontrolable de predios y procesos de tugurización que deteriorarán la calidad de vida de los caleños.
Áreas en riesgo y experiencias internacionales desaprovechadas
En el piedemonte caleño existen aproximadamente dos mil hectáreas que enfrentan alto riesgo de invasión. Estas áreas deberían articularse al proyecto impulsado por la administración local para convertir a Cali en referente mundial de biodiversidad sostenible. La iniciativa requiere regulación territorial realista y creativa, utilizando criterios renovados que permitan la convergencia controlada de usos habitacionales, lúdicos, turísticos y dotacionales.
Experiencias exitosas en ciudades como Curitiba, Brasil, visitadas por técnicos de Planeación Distrital, parecen haber sido desconocidas por otros especialistas que influyen en el actual proceso regulatorio. Estas ciudades han logrado implementar soluciones innovadoras que equilibran desarrollo urbano y protección ambiental, demostrando que es posible un crecimiento ordenado y sostenible.
Errores del pasado que no deben repetirse
Las autoridades locales y regionales no pueden repetir el error del POT 2014, cuando se confundió protección ambiental con conservación inflexible y congelación policiva de grandes zonas. En aquella ocasión se inventó la figura de 'ecoparques' que carecía de sustento legal y tuvo resultados contraproducentes: los propietarios perdieron interés en sus predios, quedando estos desprotegidos.
Estudios de la firma mexicana Prosperia revelan que cerca del veinte por ciento del área sometida a aquel régimen ya se encuentra afectada por ocupaciones ilegales, con depredación ambiental en avance constante. Esta experiencia demuestra claramente que las políticas restrictivas mal diseñadas terminan generando los mismos problemas que pretenden evitar.
Nuevas competencias y oportunidades para Cali
El proceso de 'concertación' debe estar exento de fundamentalismos y centrarse en buscar soluciones pragmáticas, eficaces y construidas con ánimo de convergencia. Atendiendo al lenguaje legal, concertar significa aproximar, buscar acuerdos, y excluye toda imposición por una de las partes.
Cali cuenta ahora con ventajas significativas: ya tiene el carácter de distrito especial y sus competencias para proteger el ambiente se han fortalecido considerablemente. El Distrito está pasando a ser dueño de la tasa medioambiental que, junto al impuesto predial, los ciudadanos pagaban a la CVC. Además, según la ley de distritos especiales, la ciudad debe crear un establecimiento público propio que se desempeñe como autoridad ambiental en su jurisdicción, facultad que debería ejercer cuanto antes.
Impacto en las laderas y soluciones integrales
El impacto negativo de congelar o restringir las zonas de expansión durante los doce años de vigencia del nuevo POT se verá especialmente en las laderas de Cali. Antes de crear más restricciones que significan invasiones sin control, condiciones inhumanas para los habitantes y deterioro del entorno, es inaplazable abrir el espacio a desarrolladores institucionales o privados.
Estos actores pueden complementar con su iniciativa y recursos la acción del Estado local, vinculándose a las soluciones en materia de servicios, zonas verdes, equipamientos públicos y vías. Simultáneamente, pueden articular su actividad habitacional con el desarrollo de un sistema integrado de parques, corredores de fauna autóctona, senderos, reservorios y estaciones de observación.
Este enfoque permitiría la convivencia de hábitat y fauna, trascendiendo lo meramente restrictivo para impulsar de manera sostenible tanto la calidad de vida de los seres humanos como la protección de la vida silvestre. Ilustra el tipo de regulaciones urbanísticas y medioambientales que Cali tiene derecho a implementar, aprovechando su condición de distrito especial.
Llamado a una transformación urbana profunda
El nuevo POT debe ser el inicio de una transformación urbana profunda que incorpore normas efectivas para salvar a Cali del destino de ciudad favela que actualmente la amenaza. Se requiere visión de futuro, pragmatismo y capacidad de concertación entre todos los actores involucrados: autoridades locales, regionales, sector privado, academia y comunidad.
La planificación territorial no puede convertirse en un instrumento de restricción indiscriminada que termine generando los problemas que pretende evitar. Por el contrario, debe ser una herramienta de construcción colectiva de ciudad, que equilibre desarrollo urbano, protección ambiental y calidad de vida para todos los habitantes de Cali.
