SIC impone sanciones históricas a constructora Amarilo por graves fallas en calidad de viviendas
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha emitido un fallo contundente contra la constructora Amarilo, determinando responsabilidad por múltiples defectos de calidad e idoneidad en sus proyectos inmobiliarios. Esta decisión administrativa establece un precedente significativo para la protección de consumidores en el sector de la construcción colombiano.
Defectos estructurales que comprometen seguridad habitacional
La investigación de la SIC reveló problemas graves que van más allá de simples acabados estéticos. Entre las fallas documentadas se encuentran asentamientos diferenciales en cimentaciones que han generado grietas estructurales preocupantes, comprometiendo directamente la estabilidad de los edificios afectados.
Adicionalmente, se identificaron humedades crónicas causadas por defectos en la impermeabilización de placas y muros, condiciones que afectan la salubridad de los apartamentos y representan riesgos para la salud de los residentes.
Obligaciones impuestas a la constructora
Según el fallo de la SIC, Amarilo tiene responsabilidades concretas frente a los propietarios afectados:
- Realizar todas las reparaciones necesarias para garantizar la estabilidad estructural de los edificios
- En casos de daño irreparable o persistente, devolver el dinero pagado con ajustes actualizados
- Ofrecer sustitución por inmuebles de iguales o mejores características en proyectos sin fallas
- Cumplir con todas las promesas realizadas en materiales de venta como renders y folletos
Precedente legal y responsabilidades ampliadas
El fallo establece que no solo la constructora puede ser llamada a responder, sino también la fiduciaria y los ingenieros involucrados en los proyectos. Se sienta el principio fundamental de que una vivienda no es idónea simplemente por estar en pie, sino que debe ser apta para vivir sin riesgos para sus ocupantes.
La SIC determinó que toda la información promocional, incluyendo brochures de venta, constituye un contrato vinculante. Cuando se ofrecen características específicas como zonas sociales o calidades de materiales que luego no se entregan, la constructora tiene obligación de indemnizar a los compradores afectados.
Contexto nacional y marco regulatorio
Este caso se enmarca en un patrón preocupante dentro del sector constructor colombiano, donde algunas empresas han desarrollado prácticas de "hablarle duro al cliente" y evadir responsabilidades frente a garantías legales. Situaciones similares a las documentadas en Amarilo, junto con tragedias como los edificios Space y Bernavento en Medellín, impulsaron la creación de la Ley de Vivienda Segura (Ley 1796 de 2016).
Esta legislación exige un seguro de garantía por diez años para proteger el patrimonio de los compradores ante fallas estructurales, representando un avance significativo en la protección al consumidor inmobiliario.
Efectividad de la justicia administrativa
El caso Amarilo demuestra que la justicia administrativa, representada por la SIC, puede ser más rápida y efectiva que la justicia ordinaria para resolver conflictos de protección al consumidor en el sector de la construcción. Esta vía ofrece a los afectados un mecanismo ágil para hacer valer sus derechos frente a empresas constructoras.
Próximamente se conocerán detalles de un caso documentado en Santander donde propietarios recibieron viviendas catalogadas como estrato dos, a pesar de haber comprado propiedades promocionadas como estrato seis, evidenciando continuas prácticas engañosas en el sector.
