La Cámara de la Industria de Alimentos de la Andi ha manifestado una profunda preocupación ante el nuevo proyecto de resolución del Ministerio de Salud que pretende derogar la actual normativa de etiquetado frontal nutricional en Colombia. Según el gremio, esta iniciativa podría generar cargas técnicas y económicas que desestabilizarían a un sector compuesto por 51.200 empresas, afectando directamente el abastecimiento y el sustento de miles de trabajadores colombianos.
Impacto en micro y pequeñas empresas
El gremio resalta que el impacto recae sobre micro y medianas empresas, las cuales representan el 98,5 % de todo el tejido empresarial de alimentos en el país. La propuesta resulta completamente inconveniente debido a que no se ha realizado un análisis exhaustivo de las variables que garantizan el funcionamiento y la estabilidad financiera de estas organizaciones.
Uno de los puntos más críticos señalados por los industriales es la falta de apertura por parte del Ministerio para convocar mesas de trabajo que permitan evidenciar el impacto negativo real de la norma. La industria sostiene con preocupación que existe falta de evidencia y rigor científico en la adopción de estos nuevos requisitos, lo que obligaría a rediseñar etiquetas de alimentos empacados.
Obstáculos técnicos y comerciales
La adopción de estas nuevas exigencias se perfila como un potencial obstáculo técnico para el comercio internacional, según las evaluaciones técnicas realizadas por los expertos legales de la Cámara. El gremio asegura que los requisitos no están debidamente sustentados bajo los estándares obligatorios de la Organización Mundial del Comercio ni de la Comunidad Andina. Este escenario de incertidumbre complicaría el intercambio comercial y la competitividad de los productos locales.
Además de los elevados costos de diseño, la industria alimentaria enfrenta el reto de gestionar inventarios en tiempos mínimos para evitar el desperdicio de materiales de embalaje ya impresos. La Andi recalca que la propuesta gubernamental introduce diversos conceptos anti técnicos sobre productos específicos sin contar con el respaldo de una evidencia científica robusta que justifique tales cambios. La inestabilidad jurídica preocupa a los comercializadores que dependen de reglas estables.
Definición de ultraprocesados y nuevos sellos
El proyecto de resolución aborda temas sensibles al intentar crear una definición técnica de ultraprocesados que, según la Andi, actualmente no existe en ninguna regulación del mundo. Esta innovación normativa obligaría a incluir la advertencia ULTRAPROCESADO para aquellos productos que empleen al menos un aditivo químico o biotecnológico industrial en su formulación. Tales medidas son calificadas como desproporcionadas por el sector industrial encargado de la producción.
El proyecto ministerial también contempla la creación de nuevos microsellos destinados a los empaques de tamaño pequeño y endurece significativamente las reglas visuales para las tablas nutricionales. Una de las disposiciones que genera mayor controversia es la prohibición del uso de códigos QR, a pesar de que esta herramienta tecnológica está referida de manera oficial en las normas internacionales del Codex Alimentarius. Esta restricción limita la información digital complementaria.
Las restricciones regulatorias se extienden además a las declaraciones de salud, las cuales quedarían limitadas para cualquier alimento que deba portar los sellos de advertencia propuestos actualmente por el Ministerio. Camilo Montes, director Ejecutivo de la Cámara, enfatiza que este nuevo reglamento técnico no está debidamente justificado y se promueve sin la evidencia científica necesaria para un cambio de esta profundidad. El directivo advierte sobre costos adicionales innecesarios.
Plazos de transición insuficientes
La normativa establece un período de transición de apenas seis meses una vez se publique oficialmente en el Diario Oficial la resolución definitiva del Ministerio de Salud. Para la Andi, este plazo resulta totalmente insuficiente considerando que las empresas deben rehacer la totalidad de sus etiquetas y realizar los cálculos técnicos de diseño. Además, el proceso requiere solicitar formalmente el agotamiento de existencias y gestionar la impresión de nuevos materiales.
Resulta paradójico para los representantes gremiales que el Gobierno pretenda emitir una nueva resolución cuando Colombia ya cuenta con etiquetado frontal regulado. Las resoluciones 810 de 2021, 2492 de 2022 y 254 de 2023 han sido los marcos vigentes durante los últimos tres años. El cambio se propone sin haber hecho la evaluación ex post que requiere la normativa colombiana para medir la efectividad real. Esta actuación administrativa iría en contravía de las buenas prácticas de regulación a las que el país se comprometió formalmente ante la OCDE y el Departamento Nacional de Planeación.
El gremio hace un llamado urgente al tejido empresarial, académicos y científicos para que analicen el borrador y envíen sus comentarios directamente al Ministerio de Salud.
