La Contraloría General de la República lanzó una nueva advertencia sobre el manejo de la deuda pública por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro, al señalar que persisten riesgos financieros que podrían aumentar la carga del Estado y afectar las metas fiscales del país.
El ente de control presentó el primer balance de seguimiento un mes después de haber emitido una advertencia formal al Ministerio de Hacienda y concluyó que las condiciones recientes de financiamiento del Gobierno Nacional muestran señales de deterioro.
Subasta de TES y aumento de tasas
Uno de los principales puntos de preocupación tiene que ver con la adjudicación de Títulos de Tesorería (TES) realizada el pasado 13 de mayo de 2026 por cerca de 6 billones de pesos. Según la Contraloría, esta operación se hizo bajo tasas significativamente superiores a las registradas en la subasta del 29 de abril, con un incremento de 68 puntos básicos.
Para la entidad, este comportamiento “refleja un deterioro en las condiciones de financiamiento del Gobierno Nacional y podría aumentar la carga futura del servicio de la deuda pública”.
Riesgos cambiarios y flexibilización de deuda
La Contraloría también advirtió sobre riesgos asociados a la apreciación del franco suizo frente al dólar, situación que podría elevar los costos de ciertas operaciones financieras del Estado y reducir los beneficios cambiarios y fiscales anunciados por el Gobierno.
Otro punto que generó alerta fue la expedición de la Resolución 0946 del 5 de mayo de 2026 por parte del Ministerio de Hacienda, mediante la cual se ampliaron los mecanismos de sobreadjudicación de deuda. Con esta modificación, ahora se podrá adjudicar hasta el 100 % del monto inicialmente convocado cuando la demanda alcance tres veces la oferta. Históricamente, el límite era del 50 % con una demanda de 2,5 veces la oferta.
La Contraloría considera que esta flexibilización podría ir en contravía del objetivo de reducir el endeudamiento, especialmente en un contexto donde las tasas de interés de los TES de corto plazo superan las de largo plazo, una situación considerada atípica en el mercado y que refleja mayores percepciones de riesgo sobre las finanzas del país.
Impacto en la meta de déficit fiscal
El organismo también alertó que, si se mantiene la colocación de deuda bajo las tasas actuales, podría verse comprometida la meta de déficit fiscal de 2026 establecida en el Plan Financiero, fijada en -5,1% del PIB. Incluso, señaló que el déficit podría terminar por encima del registrado en 2025, cuando cerró en -6,4% del PIB.
Observación disciplinaria al ministro de Hacienda
En medio del seguimiento fiscal, la Contraloría confirmó además que notificó el pasado 14 de mayo al ministro de Hacienda, Germán Ávila, sobre una observación con presunta incidencia disciplinaria relacionada con el manejo de la deuda pública durante la vigencia 2025.
Según explicó el ente de control, actualmente avanza la etapa de respuesta y análisis por parte del Ministerio, dentro del debido proceso y el derecho a la defensa.
Concentración de vencimientos y déficits primarios
La Contraloría también expresó preocupación por la concentración de vencimientos de deuda en los años 2026, 2029 y 2030, así como por la persistencia de déficits primarios en un escenario de altas tasas de interés reales y crecimiento económico moderado.
“La deuda sigue aumentando, al igual que los intereses asociados, mientras que el crecimiento de los ingresos no muestra el ritmo necesario para superar la crisis”, señaló la entidad, que insistió en la necesidad de implementar una estrategia urgente para aumentar los ingresos del Estado mediante crecimiento económico sostenido.
Ejecución presupuestal y baja inversión
En cuanto al Presupuesto General de la Nación de 2026, que asciende a 555,7 billones de pesos, la Contraloría advirtió que el mayor nivel de ejecución corresponde actualmente al pago de deuda, con un 37,5 %, mientras que la inversión apenas alcanza el 19 %.
El contralor general cuestionó la baja ejecución de recursos destinados a inversión pública y aseguró que esto representa un riesgo para la reactivación económica y el cumplimiento de metas sociales. “La inercia en el gasto no es solo un rezago administrativo, sino una falla de gestión pública: cada peso no ejecutado oportunamente es una oportunidad perdida para los ciudadanos”, afirmó.
