Con bombos y platillos fue presentada ante la comunidad del municipio de Lebrija la Resolución 042 de 2026, expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), como un alivio parcial frente a la crisis social y tributaria que detonó el denominado Paro Nacional Catastral en Santander. Si bien es un avance, sería un error presentar estas correcciones como una solución definitiva a un problema que sigue siendo estructural.
Primer paso en mesas de trabajo
La resolución antes mencionada es la primera de tantas que se expedirán en mesas de trabajo que se concertarán, a instancias de la Gobernación de Santander, por parte del IGAC. Al respecto, es necesario precisar que la figura del rezago, en cierto modo, constituye una “sanción” para los municipios que no actualizaron a tiempo el catastro; además, sobre los mismos predios deberán realizarse nuevas actualizaciones catastrales en el corto plazo y, a futuro, el rezago llegará también al sector urbano de los municipios desactualizados.
Fundamento técnico de las reclamaciones
Las modificaciones introducidas por el IGAC evidencian, además, que las reclamaciones de la comunidad tenían fundamento técnico. El análisis comparativo de la nueva resolución frente a la Resolución 2057 de 2025 demuestra reducciones sustanciales en múltiples zonas homogéneas rurales. En varios casos, las disminuciones superan el 60% y, en otros, el 75% respecto de los valores inicialmente fijados. Eso confirma que muchos de los avalúos originales resultaban desproporcionados, técnicamente insostenibles y cercanos a escenarios confiscatorios.
Correcciones insuficientes en algunos casos
No obstante, las correcciones presentadas en algunos casos siguen siendo insuficientes. Persisten zonas donde los incrementos continúan superando el 1.000%, cifras difíciles de justificar en predios rurales agropecuarios cuyo valor no puede calcularse con expectativas propias de expansión urbana o desarrollos inmobiliarios futuros. De igual forma, a diferencia de lo manifestado por el alcalde de Lebrija, no todas las zonas homogéneas fueron ajustadas, quedando por fuera ocho que mantienen el porcentaje original como dato fijo, algunas con aumentos hasta del 600%.
Recomendaciones para propietarios rurales
Por lo anterior, los propietarios rurales deben revisar detalladamente la clasificación de sus predios, verificar los avalúos asignados y ejercer oportunamente los recursos administrativos y jurídicos frente a posibles irregularidades, especialmente en casos relacionados con cobros simultáneos por “conservación y rezago”.
El verdadero desafío: una política catastral sostenible
Pero el verdadero desafío apenas comienza. Santander necesita una política pública catastral seria, permanente y técnicamente sostenible. Eso implica fortalecer la asistencia técnica a municipios de sexta categoría, ampliar la presencia institucional del IGAC en las regiones, modernizar los procesos de actualización y promover esquemas asociativos que permitan consolidar gestores y operadores catastrales con capacidad de respuesta.
Las correcciones en Lebrija son apenas el primer paso. Si no se transforma de fondo el modelo de gestión catastral, el departamento seguirá expuesto a nuevas crisis sociales, tributarias y territoriales.
