El complejo panorama fiscal que recibirá el próximo Congreso colombiano
Colombia se prepara para un nuevo ciclo legislativo donde la sostenibilidad fiscal dominará la agenda del Congreso que asumirá funciones en agosto de 2026. Los expertos coinciden en que el Legislativo enfrentará decisiones drásticas para recuperar el equilibrio de las finanzas públicas, heredando una situación económica exigente que el país ha venido postergando.
Un contexto macroeconómico desafiante
El escenario que encontrará el nuevo Congreso refleja múltiples presiones: la economía colombiana creció 2,6% en 2025, mientras la inflación anual subió a 5,35% en enero de 2026. La tasa de interés del Banco de la República se mantiene en 10,25%, evidenciando un entorno monetario restrictivo que condiciona inversión y consumo.
El frente fiscal presenta cifras particularmente preocupantes: el déficit del Gobierno Nacional Central cerró 2025 en 6,4% del Producto Interno Bruto, la deuda bruta alcanza 64,4% del PIB y la deuda neta se ubica en 58,5%. Estas cifras muestran una fuerte presión sobre las cuentas públicas que exigirá decisiones legislativas cuidadosas.
La rigidez presupuestal como limitante principal
Margarita Martínez, directora del programa de Ciencia Política de la Universidad de San Buenaventura, señala que la primera prioridad será recuperar margen fiscal sin frenar la actividad productiva. El Presupuesto General de la Nación para 2026 asciende a $546,9 billones, con $100,4 billones destinados al servicio de la deuda, equivalente al 18,4% del total.
"La presión no se limita a la disponibilidad de recursos, sino también al entorno macroeconómico", advierte Martínez, destacando que prácticamente cualquier iniciativa legislativa de alto impacto deberá pasar primero por el filtro fiscal.
La rigidez del gasto público representa otro factor limitante: el Comité Autónomo de la Regla Fiscal estima que cerca del 88% del presupuesto es inflexible, reduciendo significativamente la capacidad del Estado para reasignar recursos. Además, el aumento de transferencias del Sistema General de Participaciones a partir de 2027 exigirá una Ley de Competencias que reorganice responsabilidades entre Nación y entidades territoriales.
Perspectivas expertas sobre las soluciones necesarias
El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo considera que el Congreso tendrá un papel determinante en la defensa de la institucionalidad económica. "Se necesita un Congreso que sea muy juicioso en evitar que exista un deterioro institucional de pesos y contrapesos", afirma, advirtiendo sobre el crecimiento del gasto público que podría afectar el crecimiento potencial económico.
Henry Amorocho, profesor de la Universidad del Rosario, plantea que el país necesitará una reforma tributaria estructural que no se limite a aumentar tarifas impositivas. El debate debe centrarse en:
- Ampliar la base gravable
- Revisar los sujetos pasivos del tributo
- Eliminar privilegios fiscales
- Fortalecer mecanismos contra evasión y contrabando
Jorge Castelblanco, CEO de Crowe Co, coincide en que las comisiones económicas del Congreso, particularmente la Tercera y Cuarta, deberán asumir la tarea de recomponer la regla fiscal y debatir escenarios presupuestales coherentes. Además, plantea la necesidad de una agenda más amplia de reformas estructurales en salud, justicia y sistema político.
Un margen de maniobra limitado
El próximo Congreso enfrentará un contexto económico que dejará poco espacio para decisiones improvisadas. Con inflación elevada, tasas de interés altas, deuda significativa y presupuesto estrecho, la capacidad del Legislativo para construir acuerdos será determinante para la estabilidad económica del país durante los próximos cuatro años.
El debate fiscal no se concentrará únicamente en cómo recaudar más ingresos, sino también en cómo reorganizar el gasto público de manera eficiente, priorizando la inversión productiva y manteniendo el equilibrio institucional necesario para el desarrollo económico sostenible.
