Dieciséis demandas judiciales amenazan el incremento del salario mínimo en Colombia
Un total de dieciséis recursos de nulidad han sido presentados ante el Consejo de Estado durante los primeros meses de 2026, buscando frenar la aplicación del Decreto 1469 de 2025 que estableció el salario mínimo en 1.750.905 pesos para el presente año.
Solicitudes de suspensión provisional
Los accionantes, que incluyen tanto ciudadanos particulares como organizaciones sectoriales, han acompañado sus demandas con solicitudes de medidas cautelares de suspensión provisional, con el objetivo inmediato de detener la aplicación del incremento del 23 por ciento frente al año anterior.
Según información obtenida a través de la plataforma tecnológica Samai, esta reacción jurídica se ha producido de manera acumulativa en un corto periodo de tiempo, evidenciando un descontento generalizado con la norma salarial establecida por el Gobierno Nacional.
Actores involucrados en el proceso
La base de datos judicial permite identificar algunos de los expedientes más relevantes:
- El expediente 0339-2026 fue interpuesto por la Cámara Ambiental del Plástico y quedó bajo la ponencia del magistrado Juan Camilo Morales Trujillo.
- El radicado 0325-2026 fue presentado por la ciudadana Laura Buendía Grigoriu y asignado al despacho de Jorge Edison Portocarrero Banguera.
- Otros demandantes identificados incluyen a Luis Henry Moya Moreno y Harlinson Sánchez, entre otros ciudadanos particulares.
En todos los casos, el bloque demandado incluye al Ministerio del Trabajo, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la Presidencia de la República, entidades responsables de la expedición del decreto cuestionado.
Posibles efectos de una suspensión provisional
El debate procesal se centra actualmente en la admisión formal de las demandas y en el análisis de los argumentos que sostienen que el Decreto 1469 no se ajusta al ordenamiento jurídico vigente.
Si los magistrados del Consejo de Estado acceden a la suspensión provisional solicitada, el aumento del salario mínimo entraría en una fase de incertidumbre jurídica con consecuencias que trascenderían el pago directo a los trabajadores:
- Afectación inmediata al pago de salarios en todo el territorio nacional
- Impacto en los aportes a seguridad social calculados sobre la base salarial
- Consecuencias sobre otros valores indexados al salario mínimo
- Incertidumbre en los procesos de contratación laboral
Fundamentos jurídicos del cuestionamiento
Los demandantes argumentan que el acto administrativo debe ser detenido de forma preventiva, cuestionando especialmente los procesos de concertación salarial que precedieron a la expedición del decreto. El uso reiterado de la figura de nulidad con suspensión provisional indica que consideran existen fundamentos suficientes para congelar la aplicación de la norma durante el trámite de fondo.
El Consejo de Estado deberá determinar si el decreto cumple con todos los requisitos legales exigidos para su expedición o si, por el contrario, existen motivos válidos para suspender temporalmente sus efectos mientras se resuelve el mérito de las demandas presentadas.
Esta situación jurídica representa uno de los desafíos más significativos a la política salarial del gobierno actual, con potenciales repercusiones económicas y sociales que podrían extenderse a múltiples sectores productivos del país.
