16 demandas de nulidad contra el incremento del 23% al salario mínimo para 2026
El Consejo de Estado enfrenta un intenso debate jurídico tras recibir dieciséis demandas de nulidad contra el decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, que estableció un aumento del 23% en el salario mínimo para el año 2026. Estas acciones legales, presentadas entre enero y febrero, buscan la suspensión provisional de la normativa y su eventual anulación por considerar que vulnera principios económicos fundamentales.
Argumentos centrales de los demandantes
Los demandantes, liderados por la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), sostienen que el decreto presenta graves deficiencias legales al apartarse de variables obligatorias establecidas por la ley para determinar el salario mínimo. Entre estas variables se incluyen:
- La inflación registrada en el país
- La productividad de los sectores económicos
- El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB)
- La participación de los salarios en el ingreso nacional
Fenalco argumenta que el concepto de "salario vital", basado en referentes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), no tiene carácter vinculante en la legislación colombiana y no justifica un incremento tan abrupto.
Impactos económicos y sociales temidos
Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, ha alertado sobre las consecuencias potencialmente devastadoras de este aumento salarial. Según sus estimaciones, la medida podría generar:
- La pérdida de aproximadamente 772.000 empleos formales
- El cierre de un número significativo de micro, pequeñas y medianas empresas
- Un aumento inflacionario que afectaría principalmente a los trabajadores
"No es una discusión contra los trabajadores; por el contrario, serán ellos los más afectados por la inflación que generará esta medida", afirmó Cabal durante una declaración pública.
Proceso legal en desarrollo
La Sección Segunda del Consejo de Estado se encuentra actualmente estudiando todas las demandas presentadas. Una de las peticiones más urgentes solicita la suspensión provisional del decreto y el establecimiento de un incremento del 11% mientras se toma una decisión definitiva sobre la validez jurídica de la normativa.
Los demandantes cuestionan específicamente cómo se pasó de variables que justificaban un ajuste cercano al 6,2% a un incremento de casi cuatro veces esa cifra (23,7%), fijando el salario mínimo en dos millones de pesos, incluyendo el auxilio de transporte.
Este caso se desarrolla en un contexto de crisis fiscal gubernamental que enfrenta retos significativos tras la implementación del aumento salarial, generando incertidumbre sobre el futuro de las políticas laborales en Colombia.
