Ministerio de Trabajo cuestiona aumentos desmedidos en tarifas de vigilancia privada
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, ha emitido una alerta nacional sobre los incrementos injustificados en las tarifas de las empresas de vigilancia privada, que bajo el pretexto del aumento del salario mínimo han elevado sus precios hasta en un 23%. El funcionario solicitó formalmente a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad revisar exhaustivamente estas alzas que afectan directamente a conjuntos residenciales y usuarios finales.
"No todo se incrementa en un 23%"
"Las empresas de vigilancia no pueden afirmar que todo se incrementa en un 23%", advirtió Sanguino con firmeza durante su pronunciamiento. El ministro explicó que las tarifas de estas compañías no están definidas por el salario mínimo, sino por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad en ejercicio de su autonomía regulatoria. "No se trata de una decisión del Presidente o del Ministro de Trabajo", precisó el jefe de la cartera laboral.
El funcionario calificó como inadmisible que las empresas utilicen el argumento del aumento salarial para justificar incrementos generalizados en sus tarifas. "Es inadmisible que 'nos metan el cuento' de que la tarifa aumenta un 23% como si todos los costos de producción de la seguridad de esa empresa se incrementaran en ese porcentaje", manifestó con contundencia.
Impacto en conjuntos residenciales y usuarios
La alerta ministerial responde a las crecientes preocupaciones expresadas por administradores de propiedad horizontal y asociaciones de residentes, quienes han advertido que estos incrementos podrían impactar directamente las cuotas de administración durante el presente año. En muchos casos, el servicio de vigilancia representa entre el 50% y 70% del presupuesto mensual de un conjunto residencial, lo que convierte estas alzas en un factor determinante para las finanzas familiares.
Ante esta situación, el ministro Sanguino anunció la instalación urgente de una mesa de conversación que permita construir acuerdos beneficiosos tanto para las compañías como para los usuarios. "Se necesita equilibrio: es posible llegar a acuerdos con las empresas, porque dignificar a los vigilantes también dignifica la seguridad y la vida de la ciudadanía", argumentó el funcionario.
Posiciones encontradas en el sector
El sector empresarial de vigilancia ha defendido sus posturas, argumentando que el aumento del salario mínimo tiene un efecto significativo sobre sus operaciones, dado que el personal de vigilancia suele devengar el mínimo legal y está sujeto a múltiples recargos por:
- Turnos rotativos y jornadas nocturnas
- Trabajo en días festivos y horas extras
- Cumplimiento de exigencias regulatorias en capacitación
- Adquisición de uniformes, equipos y sistemas de comunicación
Sin embargo, el debate central gira en torno a la proporcionalidad de los ajustes y la necesidad de que estos se fundamenten en estudios técnicos que reflejen la estructura real de costos de las empresas. La mesa de diálogo buscaría precisamente revisar estas variables y evitar tensiones innecesarias entre los diferentes actores involucrados.
Marco regulatorio y llamado presidencial
Recientemente, el presidente Gustavo Petro hizo un llamado a las asambleas de propietarios de conjuntos residenciales para que consideren el Índice de Precios al Consumidor (IPC) como referencia para renegociar los contratos de seguridad, en lugar de atarlos exclusivamente al salario mínimo legal vigente.
Las organizaciones del sector de vigilancia y seguridad privada respondieron de forma conjunta a esta sugerencia, señalando que las tarifas del servicio no se ajustan al IPC, sino que están reguladas y expresadas en salarios mínimos mensuales legales vigentes (Smmlv) según la normativa actual. En un comunicado, los gremios sostuvieron que afirmar que las tarifas deben ajustarse por inflación "desconoce el marco legal y empuja a la precarización laboral".
Próximos pasos y revisión regulatoria
El ministro Sanguino insistió en que el Gobierno respalda plenamente la dignificación laboral de los vigilantes y el cumplimiento de sus derechos, pero reiteró que esto no puede traducirse en incrementos automáticos que afecten de manera desmedida a los ciudadanos. La revisión por parte de la Superintendencia podría derivar en lineamientos más claros sobre la forma en que deben calcularse y comunicarse las tarifas en el futuro.
Este llamado del Ministerio de Trabajo abre un nuevo capítulo en la discusión nacional sobre el impacto del salario mínimo en sectores intensivos en mano de obra y pone bajo la lupa la forma en que se trasladan esos incrementos a los consumidores finales. La instalación de la mesa de diálogo se presenta como una oportunidad para encontrar soluciones equilibradas que protejan tanto los derechos laborales como los intereses de los usuarios de servicios de seguridad privada en todo el territorio colombiano.
