Exmagistrado advierte que aumento del salario mínimo fuera de plazo sería inconstitucional
La propuesta del presidente Gustavo Petro de evaluar un posible incremento del salario mínimo fuera de los tiempos habituales ha generado un intenso debate jurídico en Colombia. La discusión se centra en si el Gobierno nacional tiene la facultad para modificar este ingreso básico en cualquier momento del año, más allá del procedimiento establecido.
"Sería absolutamente inconstitucional e ilegal"
En entrevista con Mañanas Blu, el exmagistrado de la Corte Constitucional, Antonio José Lizarazo, fue categórico al señalar que "sería absolutamente inconstitucional e ilegal" que el mandatario tome esa decisión por fuera del mecanismo establecido. Su advertencia pone sobre la mesa un posible choque institucional entre el Ejecutivo y las normas vigentes que regulan esta materia.
El proceso constitucional del salario mínimo
Lizarazo explicó detalladamente que el salario mínimo en Colombia no depende de una decisión unilateral del presidente. Según su análisis, existe un proceso claro definido por la Constitución Política y la legislación laboral, en el que interviene de manera fundamental la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.
"El presidente no puede hacerlo ni en cualquier momento, ni varias veces al año", afirmó el exmagistrado. Además, insistió en que este ingreso solo puede fijarse una vez al año, normalmente en el mes de diciembre, y debe basarse en variables económicas objetivas como la inflación proyectada y el crecimiento económico.
El experto constitucional fue enfático en señalar que no se trata de una interpretación flexible de la norma: "No es algo que el presidente pueda hacer cuando le parece o cuando le provoca". La regulación establece parámetros específicos que deben seguirse rigurosamente.
Posible suspensión inmediata de decreto
Frente a la posibilidad hipotética de que el Gobierno expida un decreto para subir el salario mínimo en cualquier momento del año, Lizarazo explicó que existen mecanismos jurídicos para frenarlo rápidamente. Recordó que el Consejo de Estado tiene facultades para aplicar medidas cautelares que suspendan la ejecución de actos administrativos.
"Podría volver a ocurrir una suspensión inmediata", advirtió el exmagistrado, al tiempo que subrayó que el sistema jurídico colombiano cuenta con herramientas efectivas para controlar decisiones que se salgan del marco normativo establecido. Incluso fue más allá al señalar que, en un escenario hipotético, ese decreto podría resultar completamente inaplicable: "Sería un acto arbitrario".
Consecuencias para empresas y trabajadores
Uno de los puntos que genera mayor incertidumbre es qué deberían hacer los empleadores si el Gobierno intenta imponer un aumento salarial por fuera del calendario establecido. Para Lizarazo, la respuesta es clara y contundente: el salario mínimo vigente para el año 2026 ya fue fijado mediante el procedimiento regular y no puede modificarse mediante decisiones unilaterales.
"Ese es el decreto que rige", explicó el experto, dejando claro que cualquier cambio solo aplicaría, en teoría, para el año siguiente y siguiendo el proceso establecido. Además, sostuvo que los empresarios podrían incluso negarse legítimamente a aplicar una medida irregular, apelando a la excepción de inconstitucionalidad ante las autoridades judiciales competentes.
Mensaje claro en medio del debate
La advertencia del exmagistrado Antonio José Lizarazo deja un mensaje claro en medio del actual debate nacional: más allá de las consideraciones políticas o sociales, el margen legal para modificar el salario mínimo en Colombia es limitado y está estrictamente regulado por el ordenamiento jurídico. Cualquier intento de alterar este mecanismo fuera de los parámetros constitucionales enfrentaría obstáculos jurídicos inmediatos y probablemente sería declarado inválido por las altas cortes del país.
El debate continúa abierto mientras diferentes sectores analizan las implicaciones de esta discusión que toca aspectos fundamentales de la relación entre el poder ejecutivo, los mecanismos de concertación laboral y los límites constitucionales del poder presidencial en materia económica y social.
