Raro consenso político frente a suspensión del aumento salarial
En un hecho poco común en el panorama político colombiano, la decisión del Consejo de Estado de suspender temporalmente el decreto que incrementaba el salario mínimo en un 23 por ciento ha generado una inusual unanimidad entre los candidatos presidenciales de diferentes sectores ideológicos. A lo largo del viernes, representantes de izquierda, centro y derecha manifestaron su rechazo contundente a la medida judicial, aunque cada uno propone caminos distintos para mantener el aumento salarial.
La izquierda convoca a la movilización ciudadana
Desde el Pacto Histórico, el candidato Iván Cepeda calificó la suspensión como "un nuevo atentado contra las políticas sociales del gobierno nacional" y realizó un llamado explícito a la movilización pacífica pero enérgica. "Nosotros llamamos a la movilización pacífica, pero resuelta y enérgica, para evitar que se consuma esta arbitrariedad", declaró el senador, quien enfatizó que "no podemos seguir con la lógica de que los sectores que viven en condiciones de desigualdad no tengan derechos".
En la misma línea, Roy Barreras, candidato del Frente por la Vida, catalogó a los miembros del Consejo de Estado como "insensibles" e impulsó a los ciudadanos a movilizarse en defensa del decreto salarial. "Es una afrenta insensible; no puede ser que el Consejo de Estado pretenda que las familias más humildes de Colombia no ganen lo mínimo necesario para tener una vida digna", afirmó en sus redes sociales.
La derecha pide completar requisitos legales
Desde el Centro Democrático, la candidata Paloma Valencia mantuvo un discurso similar al de su líder Álvaro Uribe, saliendo en defensa del salario mínimo vital. Aunque no hizo un llamado explícito a las calles, Valencia pidió al Gobierno completar los requisitos que exige el Consejo de Estado para evitar que caiga el decreto. "El salario mínimo con su aumento tiene que mantenerse. Los colombianos ya tienen ilusión en eso", señaló la candidata.
Este posicionamiento marca un cambio significativo en su postura, ya que a finales del año pasado había criticado el aumento del 23 por ciento decretado por el presidente Gustavo Petro, advirtiendo que ponía en "un riesgo adicional las finanzas públicas".
Cambio de postura en el centro político
Uno de los giros más notables lo dio el candidato Mauricio Cárdenas, quien anteriormente había calificado la medida como "populismo económico" y retó a un debate público a Iván Cepeda por considerar que buscaba beneficios electorales. Cuarenta y cinco días después del incremento y ante la decisión del Consejo de Estado, Cárdenas propone mantener el aumento del 23 por ciento, pero con incentivos para los empresarios mediante la reducción de impuestos.
"Ante la decisión del Consejo de Estado, le propongo a mis compañeros de la Gran Consulta por Colombia y a todos los candidatos presidenciales un acuerdo político para mantener el aumento del 23% del salario mínimo y bajar los impuestos a los empresarios", manifestó el candidato.
Unidad frente a la justicia
Este inusual consenso político frente a una decisión judicial revela la sensibilidad del tema salarial en el actual contexto electoral. Mientras algunos candidatos priorizan la movilización ciudadana como mecanismo de presión, otros enfatizan la necesidad de cumplir con los requisitos legales para validar el decreto. Lo que resulta evidente es que, por primera vez en mucho tiempo, figuras políticas de diferentes orillas coinciden en la defensa de una medida que beneficia directamente a millones de trabajadores colombianos.
La situación plantea un escenario complejo donde el poder judicial, el ejecutivo y las fuerzas políticas en campaña electoral convergen alrededor de un tema que impacta directamente la economía familiar y las expectativas de millones de colombianos. El desenlace de este conflicto institucional podría marcar un precedente importante en las relaciones entre los diferentes poderes del Estado y en la definición de políticas sociales para los próximos años.
