Cierre del histórico ingenio azucarero María Luisa golpea economía regional
La Semana Santa culminó en Colombia, pero para aproximadamente 700 familias de los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, el viacrucis económico apenas comienza tras el cierre definitivo del ingenio azucarero María Luisa, una institución que operó durante 96 años en el municipio de Florida.
Impacto laboral y económico inmediato
Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de la Caña de Azúcar de Colombia (Sintraicañazucol), el cese de actividades del ingenio, ocurrido el 26 de marzo, ha dejado sin empleo a más de 300 trabajadores directos y afectado a unos 400 empleos indirectos entre proveedores y comerciantes de la región.
"Seguiremos levantando la mano al Gobierno para que discutamos, lleguemos a puntos de encuentro y evitar estas salidas masivas de los trabajadores porque va a generar un golpe social", declaró Javier Viáfara, presidente de Sintraicañazucol, quien ha liderado las peticiones al Gobierno Nacional para evitar un mayor desempleo en la zona.
Un legado histórico que se apaga
El ingenio María Luisa inició operaciones en la década de 1930 cuando Ignacio Posada puso en funcionamiento el trapiche Pajonales, nombrando posteriormente la empresa en honor a su esposa. Durante casi un siglo, esta empresa fue testigo de la transformación del Valle del Cauca en una potencia azucarera nacional.
En sus mejores momentos, el ingenio contaba con capacidad de molienda nominal entre 750 y 800 toneladas de caña diarias, aunque en la década de 1970 enfrentó una paralización de casi 20 años por conflictos laborales, manteniéndose solo como cultivador para otros ingenios de la región.
Factores detrás del cierre definitivo
Entre las posibles causas del cierre se mencionan:
- Caída en los precios del azúcar por importaciones internacionales
- Ingreso de etanol de otros países al mercado colombiano
- Políticas públicas que no garantizan sostenibilidad empresarial
- Ausencia de condiciones estatales para la competitividad
- Reforma laboral y aumento de salarios
Viáfara explicó que el efecto dominó ya se siente: "Automáticamente eso tuvo su efecto, porque las empresas que dependían de este ingenio también cerraron", mencionando específicamente a Agrícolas Méndez, que empleaba a 120 corteros de caña.
Crisis que se extiende por la región
La situación no se limita a Florida. Según el dirigente sindical, municipios como Pradera, Miranda, Padilla y Puerto Tejada en el Cauca enfrentan problemas similares, agravados por ocupaciones de tierras con cultivos de caña por comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes.
Esta problemática, que se intensificó en 2023, motivó la creación de una mesa de diálogo en 2024 con participación del Gobierno, Asocaña y representantes comunitarios, la cual continúa sus conversaciones en 2026 sin soluciones definitivas.
Doble crisis: económica y de seguridad
A la debacle económica se suma un grave problema de seguridad. Grupos armados y estructuras delincuenciales operan en zonas productivas de Cauca y Valle, generando riesgos para trabajadores de ingenios y haciendas cañeras.
En febrero de 2026, la Asociación Colombiana de Productores y Proveedores de Caña de Azúcar (Procaña) alertó sobre:
- Incremento de secuestros, actos terroristas y extorsiones
- Afectación de más de 5.000 hectáreas por invasiones
- Riesgo para 280.000 puestos de trabajo formales
- Impacto a más de 1,2 millones de personas en la región
"La presencia de estructuras delincuenciales, sumada al incremento de secuestros, actos terroristas, extorsiones y afectaciones en más de 5.000 hectáreas por invasiones—especialmente en el norte del Cauca— profundizan el riesgo operativo y humano en el territorio", señaló Procaña en un comunicado.
Motor económico regional en peligro
La agroindustria de la caña ha sido históricamente un motor de desarrollo para el valle geográfico del río Cauca, dinamizando inversión social, infraestructura comunitaria, programas de educación, salud y seguridad alimentaria.
Procaña destacó que, a pesar del entorno desafiante, los productores e ingenios mantienen su compromiso con las comunidades, aunque las condiciones actuales amenazan la sostenibilidad de todo el sector.
Mientras tanto, las 700 familias afectadas por el cierre del ingenio María Luisa continúan su viacrucis económico, esperando respuestas concretas del Gobierno Nacional que puedan mitigar el impacto social y laboral en una región que históricamente ha dependido de la industria azucarera.
