Condena por explotación laboral en campos de Valladolid
La Audiencia de Valladolid ha dictado una sentencia condenatoria contra un hombre de origen rumano, de 42 años, por cometer un delito contra los derechos de los trabajadores. El procesado ha sido sentenciado a un año y medio de prisión por captar personas para realizar labores agrícolas en la provincia de Valladolid, quienes tuvieron que vivir en condiciones de habitabilidad completamente deplorables.
Condiciones infrahumanas en el alojamiento
Los trabajadores, de distintas nacionalidades, fueron alojados en dos viviendas que se encontraban en pésimas condiciones higiénicas. Los colchones para dormir estaban extremadamente sucios porque habían sido recogidos directamente de la calle, según consta en la sentencia. Las casas carecían de calefacción y, aunque disponían de agua, esta no era apta para el consumo humano, violando así los estándares más básicos de dignidad.
Falsas promesas laborales
El acusado, en acuerdo con otras personas, contactó entre septiembre y octubre de 2020 con desempleados de las provincias de Alicante y Murcia. Les ofrecieron trabajo en la provincia de Valladolid en actividades como la vendimia, la poda o la recolección de patatas, planteando condiciones laborales ventajosas que incluían:
- Contrato de trabajo de un año
- Alta en la Seguridad Social
- Salario de 1.600 a 1.800 euros mensuales
- Jornales de 80 euros diarios
- Alojamiento en una vivienda digna
Sin embargo, estas promesas resultaron ser completamente falsas. Los trabajadores no fueron dados de alta en la Seguridad Social en todos los casos, y a ninguno se le facilitó formación adecuada en materia de seguridad laboral, ni herramientas o equipos de protección necesarios para sus labores.
Falta de equipamiento y protección
Los trabajadores agrícolas contaban únicamente con canastos básicos para meter los productos que recogían, sin disponer de herramientas adecuadas ni equipos de protección personal. Esta carencia de recursos aumentaba significativamente los riesgos en su trabajo diario, exponiéndolos a posibles accidentes y condiciones laborales peligrosas.
Consecuencias legales y reparaciones
La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, establece además del año y medio de prisión:
- El pago de una multa de 1.440 euros, equivalente a ocho meses con una cuota diaria de seis euros
- El pago de indemnizaciones de 500 euros a cada uno de los diez trabajadores afectados
El tribunal ha tenido en cuenta la concurrencia de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas al imponer la pena. El procesado se dedicaba a prestar servicios a empresarios agrícolas en localidades próximas a Medina del Campo, aunque no actuaba como empresario registrado, función que tenía encargada otra persona.
Contexto de vulnerabilidad laboral
La situación se agravó por el contexto de la pandemia de covid-19, que dificultaba encontrar empleo en el sector agrícola durante aquellas fechas. Esta circunstancia hizo que varias personas aceptaran la oferta laboral y abandonaran sus localidades de residencia, cayendo así en una red de explotación que vulneraba sus derechos más fundamentales como trabajadores.
