Consejo de Estado suspende alza del salario mínimo y exige nuevo decreto al Gobierno
El Consejo de Estado ha asestado un duro golpe al Gobierno del presidente Gustavo Petro al suspender provisionalmente el aumento del 23.7% al salario mínimo, anunciado en diciembre de 2025. Esta decisión, tomada por el alto tribunal, surge tras una avalancha de demandas en contra del incremento, que no fue concertado con los actores sociales.
Detalles de la suspensión provisional
El aumento, que elevaba el salario mínimo a $2.000.000 con auxilio de transporte y $1.750.905 sin él, ha sido frenado temporalmente. El Consejo de Estado no ha emitido un fallo definitivo, pero ha ordenado al Gobierno expedir un nuevo decreto en un plazo de ocho días. Este nuevo decreto debe considerar factores clave como el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la meta de inflación, la productividad, la contribución de los salarios al ingreso nacional y el Producto Interno Bruto (PIB).
Históricamente, el aumento del 23.7% es significativo, superando los incrementos anteriores: 9.5% en 2025, 12% en 2024, 16% en 2023, 10.7% en 2022, 3.5% en 2021 y 6% en 2020. La suspensión refleja las tensiones en la política económica del país.
Reacciones y posibles sanciones por incumplimiento
Las reacciones no se hicieron esperar. El ministro del Interior, Armando Benedetti, criticó la decisión, afirmando que perjudica a los menos favorecidos y cuestionando a las clases dirigentes. "Vamos a ver qué pasa en la campaña. La gente tendrá que decidir quién está a favor de los menos favorecidos o de los dirigentes", declaró.
Si el Gobierno no acata la orden y mantiene el alza, el Consejo de Estado ha advertido sobre sanciones severas. Según el artículo 241 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), el incumplimiento de medidas cautelares puede resultar en:
- Multas sucesivas por cada día de retardo, hasta por el monto de dos salarios mínimos mensuales legales vigentes.
- Un límite máximo de cincuenta salarios mínimos mensuales legales vigentes en total.
Estas sanciones serían impuestas por la misma autoridad judicial contra el representante legal o director de la entidad pública responsable, mediante un trámite incidental, con posibilidad de recurso de reposición en cinco días.
Implicaciones y próximos pasos
Durante los ocho días de plazo, el aumento del 23.7% permanece suspendido. El Gobierno deberá expedir un nuevo decreto provisional, pero la última palabra la tendrá el Consejo de Estado en su decisión final. Este episodio subraya los desafíos en la implementación de políticas salariales y la supervisión judicial en Colombia, con posibles repercusiones en la estabilidad económica y las relaciones entre poderes.
