Consejo de Estado suspende provisionalmente el aumento del salario mínimo de 2 millones de pesos
En una decisión que marca un hito en la política laboral del gobierno de Gustavo Petro, la Sección Segunda del Consejo de Estado acaba de ordenar la suspensión provisional del pago del aumento del salario mínimo para 2026. La medida cautelar se tomó mientras el alto tribunal evalúa de fondo la validez del Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, con el cual el gobierno nacional aumentó el salario en un 23,7% hasta alcanzar los 2.000.000 de pesos colombianos.
Ocho días para expedir un aumento transitorio
Además de la suspensión, el Consejo de Estado ordenó al gobierno nacional que dentro de los próximos ocho días calendario expida un nuevo decreto en el que se determine un aumento transitorio al salario mínimo. Este incremento temporal regirá mientras el tribunal toma una decisión definitiva sobre la validez del decreto original.
Según encontró la Sección Segunda, la medida cautelar es necesaria para evitar los pagos ordenados por una decisión gubernamental que no habría sido expedida con todos los requisitos de ley. Los magistrados consideraron que era imperativo frenar temporalmente la aplicación del decreto para evitar daños irreversibles.
El tortuoso camino de la demanda
La demanda que hoy tiene en vilo el pago del nuevo salario mínimo llegó al alto tribunal el pasado 13 de enero de 2026, cuando la Sección Segunda del Consejo de Estado dio su visto bueno para revisarla. El recurso fue presentado inicialmente por el abogado Germán Eduardo Castro Marín, quien argumentó que el artículo primero del Decreto 1469 va en contra de la legislación colombiana.
El proceso ha estado marcado por situaciones dramáticas. Un día después de la admisión de la demanda, el abogado Castro Marín expuso públicamente que había recibido amenazas y mensajes de odio que ponían en riesgo su seguridad y la de su familia, por lo cual aseguró que retiraría la demanda. Sin embargo, el Consejo de Estado le respondió que no era posible acceder a dicha solicitud, ya que el acto procesal "no se originó en una manifestación libre y espontánea de la voluntad del accionante".
Argumentos centrales de las demandas acumuladas
El proceso fue acumulado con otra demanda que pedía exactamente lo mismo: suspender provisionalmente el pago del salario mínimo hasta que el alto tribunal resolviera de fondo. Las demandas acumuladas sostienen varios argumentos clave:
- El decreto del gobierno no cumple con los sustentos técnicos adecuados
- No habría tenido en cuenta las cifras de inflación y productividad
- Dispuso un aumento del 23% sin argumentar debidamente el cálculo realizado
- El incremento generaría impactos irreversibles en las estructuras de costos de las medianas y pequeñas empresas (Mipymes)
- La medida provocaría desempleo e inflación
Un precedente que pesa: el caso de 2017
En la demanda también se citó un precedente significativo: en 2017, el propio Consejo de Estado tumbó el decreto con el que en ese entonces se aumentó el salario mínimo. Para esa época, el alto tribunal anuló el Decreto 2552 de 2015, con el que se fijó el salario mínimo de 2016 en $689.454.
En esa decisión histórica, que tuvo como ponente a Gabriel Valbuena Hernández, se concluyó que el gobierno de Juan Manuel Santos no motivó de manera adecuada las razones y los cálculos que sustentaron ese aumento. Se ordenó entonces que en los próximos decretos salariales se debía explicar con rigor la medida, incluyendo análisis de inflación, productividad y contribución de los salarios al ingreso nacional.
La respuesta del Ministerio del Trabajo
En el expediente actual, la Sección Segunda le pidió al Ministerio del Trabajo que enviara los argumentos por los cuales el alto tribunal no debería acceder a las medidas cautelares solicitadas. La respuesta de la cartera llegó al despacho del magistrado Juan Camilo Morales Trujillo el pasado 22 de enero y desde entonces se venía revisando tanto la petición de los demandantes como los argumentos del gobierno.
Desde su expedición, el gobierno nacional ha sostenido que el Decreto 1469 fue pensado para cubrir las necesidades básicas de la canasta familiar, pese al aumento de los precios, y para que los trabajadores vivieran con dignidad. El nuevo salario fue bautizado por el presidente Petro como "salario mínimo vital", e incluyó un aumento del 23,7%, que dejó el sueldo en 2.000.000 de pesos, compuesto por un salario base de 1.750.905 pesos y un auxilio de transporte de 249.095 pesos.
Por ahora, el país espera la última palabra del Consejo de Estado sobre este expediente que podría marcar un precedente fundamental en la política salarial colombiana. La decisión de fondo determinará si el aumento del 23,7% se mantiene o si deberá ser revisado completamente por el gobierno nacional.
