Consejo de Estado suspende provisionalmente aumento del salario mínimo y exige nuevo decreto
En una decisión de gran impacto económico, el Consejo de Estado ordenó este viernes 13 de febrero la suspensión provisional del decreto mediante el cual el Gobierno nacional había establecido el aumento del salario mínimo en 23,78% para el año 2026. La medida cautelar, adoptada por el magistrado ponente que estudia la demanda contra este acto administrativo, obliga al Ejecutivo a expedir un nuevo decreto transitorio en un plazo máximo de ocho días.
Detalles de la decisión judicial
La suspensión recae específicamente sobre el Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, mediante el cual se había fijado el salario mínimo legal para 2026 en $1.750.905. Aunque no se trata de un fallo definitivo, la medida implica que los efectos jurídicos del aumento quedan en pausa hasta que el Gobierno emita un nuevo acto administrativo ajustado a los parámetros legales y constitucionales vigentes.
El magistrado ordenó que el nuevo decreto tenga carácter transitorio y que incorpore de manera integral los criterios técnicos exigidos por la normativa para la fijación del salario mínimo. La decisión que deberá tomar el gobierno del presidente Gustavo Petro debe considerar variables fundamentales como:
- La inflación y la meta fijada por la Junta Directiva del Banco de la República
- La productividad certificada oficialmente
- La inflación real del año anterior
- El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB)
- El comportamiento general de la economía nacional
Exigencias específicas del Consejo de Estado
El alto tribunal fue enfático al señalar que el nuevo acto administrativo deberá contener una fundamentación económica detallada y verificable. El Consejo de Estado exigió que se explique de manera expresa:
- La valoración aplicada a cada criterio técnico
- La cuantificación precisa de cada variable
- La ponderación realizada entre los diferentes factores
- El razonamiento que conduzca a la cifra final del aumento
Toda esta información debe contar con respaldo en fuentes y certificaciones oficiales. El Consejo advirtió además que no podrá reproducirse en esencia el contenido del decreto suspendido y que el incumplimiento de lo ordenado acarreará las sanciones previstas en la ley.
Efectos inmediatos y transitoriedad
El alto tribunal precisó que los efectos de la suspensión solo se harán efectivos una vez se publique el nuevo decreto transitorio. Mientras eso ocurre, continuará vigente el salario mínimo fijado en el Decreto 1469 de 2025. La corporación aclaró que la medida cautelar no afecta las obligaciones ni los derechos que hayan sido calculados, causados o pagados con base en el salario mínimo vigente durante el tiempo en que el decreto produjo efectos.
En consecuencia, pagos de nómina pública y privada, pensiones, contratos, multas, sanciones y demás obligaciones derivadas del salario mínimo constituyen situaciones jurídicas consolidadas que no generan reintegros ni efectos retroactivos. El nuevo decreto transitorio determinará con precisión el porcentaje de aumento y el valor total correspondiente, el cual regirá únicamente hasta que se adopte una decisión final dentro del proceso judicial.
Contexto y procedimiento legal
Esta decisión judicial se produce en el marco del procedimiento legal establecido para definir el incremento anual del salario mínimo, el cual debe considerar múltiples variables económicas de rango constitucional. El gobierno de Petro enfrenta ahora el desafío de elaborar un nuevo decreto que cumpla con todas las exigencias técnicas y legales en un plazo sumamente ajustado.
La medida del Consejo de Estado representa un importante precedente en cuanto al control judicial de las decisiones económicas del Ejecutivo, particularmente en materia salarial. El proceso continuará su curso mientras se espera la expedición del nuevo decreto transitorio y la eventual decisión definitiva sobre la legalidad del aumento del salario mínimo para 2026.
