Consejo de Estado suspende provisionalmente decreto de aumento salarial del 23,7% para 2026
El Consejo de Estado suspendió de manera provisional este viernes 13 de febrero el decreto mediante el cual el Gobierno del presidente Gustavo Petro había fijado el salario mínimo para el año 2026, el cual contemplaba un incremento del 23,7%. Esta decisión judicial obliga al Ejecutivo a expedir una nueva norma que se ajuste estrictamente a los parámetros legales establecidos.
Demandas cuestionan fundamentos técnicos del aumento
El alto tribunal estudiaba varias demandas interpuestas contra esta iniciativa gubernamental, en las cuales se cuestionaba que el aumento salarial no estuviera debidamente sustentado en los criterios técnicos exigidos por la legislación colombiana. Mientras se resuelve de fondo este asunto, la medida queda sin efectos temporales, generando incertidumbre sobre la aplicación del incremento anunciado.
Con la suspensión provisional, el Consejo de Estado otorgó al Gobierno un plazo de varios días para publicar un decreto transitorio que cumpla con todas las exigencias normativas. Es importante precisar que esta decisión no implica una anulación definitiva del aumento, pero sí condiciona su vigencia hasta que se ajusten los aspectos técnicos requeridos.
Vigencia del salario mínimo anterior
El tribunal fue enfático al precisar que, mientras se expide la nueva norma, continúa rigiendo el salario mínimo fijado en el Decreto 1469 de 2025. Esto significa que se mantiene el valor establecido a finales del año pasado hasta que el Ejecutivo ajuste el acto administrativo según las indicaciones judiciales.
En su pronunciamiento oficial, la corporación insistió en que la referencia válida sigue siendo el monto anterior, lo que deja en pausa temporal la aplicación del aumento del 23,7% que había sido anunciado para el año 2026. Esta situación genera un escenario de transición normativa que requiere atención inmediata por parte del Gobierno nacional.
Reacción del presidente Petro
La reacción del presidente Gustavo Petro no se hizo esperar. A través de declaraciones públicas, defendió la legalidad del decreto suspendido y cuestionó los alcances de la decisión judicial. "El decreto de salario vital es ordenado por la constitución. Y el decreto ya expedido tiene todos los criterios económicos que se han reflejado en él", afirmó el mandatario.
Agregó que acatará la determinación mientras se adopta una decisión definitiva: "Así que el decreto transitorio que pide el magistrado, mientras resuelve de fondo el consejo de estado, seguirá las órdenes de la Constitución, respetaré su decisión pero actuaré de acuerdo a la constitución".
Concertación inmediata y consideraciones económicas
El jefe de Estado anunció además que el ministro de Trabajo convocará una reunión de concertación inmediata para abordar esta situación. "Por respeto al magistrado, el ministro de trabajo hará una reunión de concertación de inmediato y solicito la reunión de la coordinación de movimientos sociales para estudiar la actitud y el nuevo decreto que se expedirá".
Sobre el contenido de ese eventual decreto, señaló: "La reunión de concertación se hará a luz de las últimas mediciones económicas y estudios, que muestran la incidencia marginal del salario vital en el incremento de precios en algunos productos alimenticios. También debe estudiarse la incidencia del alza de la tasa de interés en el empleo en Colombia y en el aumento del déficit y de los precios en Colombia".
Defensa de derechos y llamado al pacto social
En su mensaje, el presidente también sostuvo: "Los derechos privados que debe defender el consejo de Estado ante el gobierno, cobijan el derecho del pueblo trabajador". Añadió que "disminuir la demanda por alimentos vitales en Colombia en las actuales circunstancias llevaría a detener la economía nacional y a aumentar el hambre y la desnutrición infantil, la más grave. Eso atenta contra la Vida. Nada más anticonstitucional".
Finalmente, lanzó un llamado político y social de amplio alcance: "El gran capital dirá si al fin quiere un pacto social, que no es a su medida, o el enfrentamiento social y político". También reiteró que "cómo dije desde el primer día de mi gobierno, les solicito construir el pacto social de la vida y de la paz".
Concluyó con una advertencia sobre las implicaciones constitucionales: "Suspender un decreto de salario mínimo vital pone en riesgo la constitución que no permite deteriorar el poder adquisitivo del salario y anular la prerrogativa del gobierno y sus derechos en materia de salario".
