Consejo de Estado suspende provisionalmente decreto del salario mínimo para 2026
El Consejo de Estado ha tomado una decisión de gran impacto laboral al suspender provisionalmente el decreto que establecía el salario mínimo para el año 2026, el cual se había fijado en un incremento del 23,7%. Esta medida cautelar, anunciada el viernes 13 de febrero de 2026, ordena al Gobierno nacional expedir un nuevo decreto transitorio en un plazo máximo de ocho días calendario.
Detalles de la suspensión y plazos establecidos
En una providencia emitida bajo la presidencia de Alberto Montaña Plata, el Consejo de Estado especificó que, "a título de medida cautelar", se ordena a las entidades demandadas que, dentro de los ocho días siguientes a la notificación, realicen, expidan y publiquen un nuevo decreto. Este decreto debe fijar el porcentaje transitorio de aumento del salario mínimo legal para 2026 y el valor total correspondiente, el cual regirá hasta que se dicte sentencia definitiva en el proceso judicial.
Contexto del salario mínimo para 2026
Para el año 2026, el salario mínimo se había establecido en $2 millones, basado en un subsidio de transporte de $249.095, lo que resultaba en un salario mínimo vital de $1'750.905. La suspensión provisional de este decreto plantea un escenario complejo, donde se debe definir si los pagos realizados bajo esta normativa se mantendrán como válidos o si se requerirá algún tipo de corrección retroactiva.
Demandas y acciones legales presentadas
Esta decisión del Consejo de Estado surge en respuesta a varias acciones legales, incluyendo:
- Tutelas presentadas por ciudadanos y organizaciones, solicitando la suspensión temporal del decreto.
- Una demanda radicada por Fenalco, la federación nacional de comerciantes, que también pedía la suspensión del ajuste salarial.
Perspectivas legales y posibles consecuencias
Andrés Velásquez, socio de Velásquez Osorio Abogados, ha señalado que existe una posibilidad "importante y real" de que el decreto no solo sea suspendido, sino ulteriormente anulado. Sin embargo, esto dependerá de las demandas de nulidad simple que se presenten, las cuales deben demostrar que el decreto adolece de falta o falsa motivación y que, además, es contrario a la ley y a la Constitución colombiana.
La situación genera incertidumbre en el ámbito laboral y económico, ya que una eventual caída definitiva del decreto podría requerir ajustes en los pagos salariales ya efectuados, afectando tanto a empleadores como a trabajadores. El Gobierno nacional ahora enfrenta la presión de expedir un nuevo decreto transitorio en el corto plazo, mientras se espera la resolución final del Consejo de Estado.
