Consejo de Estado suspende temporalmente decreto del salario mínimo 2026 y emite 11 órdenes
El Consejo de Estado ha tomado una decisión histórica al suspender provisionalmente el Decreto 1469 de 2025, expedido por el presidente Gustavo Petro, que establecía el aumento del salario mínimo en un 23,7 por ciento para el año 2026. Esta medida cautelar, que ha generado intenso debate en el ámbito económico y político, se fundamenta en aspectos técnicos relacionados con los parámetros de inflación establecidos por el Banco de la República.
Las 11 órdenes clave del alto tribunal
En un auto de 63 páginas, el despacho del magistrado Juan Camilo Morales no solo ordenó la suspensión provisional del decreto, sino que emitió 11 órdenes específicas que deben cumplirse mientras se emite una sentencia definitiva. Estas directrices buscan garantizar que cualquier ajuste al salario mínimo se realice con criterios técnicos rigurosos y transparentes.
Entre las disposiciones más relevantes se encuentran:
- La suspensión del decreto como medida cautelar inmediata.
- La obligación del Gobierno Nacional de publicar un nuevo decreto transitorio en un plazo de ocho días una vez notificado.
- La definición del monto del salario mínimo con criterios exclusivamente técnicos, ajustados a la inflación reportada por la Junta del Banco de la República y la productividad evaluada por el Comité Tripartito de Productividad.
- La especificación del tipo de valoración que se practicará sobre cada criterio, ya sea cuantitativa o cualitativa, con sus respectivas justificaciones.
- La explicación detallada de cómo se cuantifican los factores constitucionales y su relación con los parámetros establecidos en la Ley 278 de 1996.
- La ponderación y aplicación transparente de cada criterio utilizado.
- La presentación del razonamiento cuantitativo u operación aritmética que conduzca a la cifra final.
- El análisis del contexto económico en el que se enmarca la decisión y su impacto, respaldado por fuentes oficiales.
- La fundamentación de cualquier cifra o valor económico en reportes o certificaciones oficiales de autoridades competentes.
- La advertencia sobre posibles sanciones penales o disciplinarias en caso de incumplimiento.
- La instrucción al Gobierno para enviar el decreto transitorio al despacho del magistrado Morales una vez expedido.
Efectos diferidos y reacciones políticas
Un aspecto crucial de esta decisión es que la suspensión tiene efectos diferidos. Esto significa que solo comenzará a regir cuando el Gobierno expida el decreto transitorio. Durante el período comprendido entre la notificación y la publicación del nuevo acto administrativo, el valor del salario mínimo para 2026 seguirá siendo el establecido en el Decreto 1469 de 2025.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, ya ha anunciado que el Gobierno utilizará el recurso de reposición para que el Consejo de Estado estudie esta medida provisional. Benedetti defendió la postura gubernamental, argumentando que el aumento del 23,7 por ciento está acorde con parámetros técnicos y que la ciudadanía tiene derecho a un salario vital.
Sin embargo, desde un primer momento, diversos gremios y sectores económicos habían encendido las alarmas, considerando que este incremento estaba muy por encima de lo sugerido y podría generar impactos inflacionarios significativos. Expertos en la materia han señalado que, aunque la suspensión se basa en aspectos técnicos, el Gobierno probablemente buscará obtener beneficios políticos de esta decisión, calificada como inédita en la historia reciente del país.
Proceso legal y demandas acumuladas
Tras la expedición del Decreto 1469 el 29 de diciembre de 2025, se interpusieron múltiples demandas a nivel jurídico que fueron acumuladas en un expediente bajo la responsabilidad del magistrado Morales. El análisis de los argumentos presentados por los demandantes llevó a la suspensión provisional y a la emisión de las 11 órdenes específicas.
El Consejo de Estado también se abstuvo de imponer cauciones a los demandados y reconoció las personerías jurídicas de quienes representan legalmente a las entidades demandadas, incluyendo diversos ministerios y el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
Esta decisión temporal marca un precedente importante en la relación entre el poder ejecutivo y el judicial en materia de política salarial, estableciendo claros parámetros técnicos que deben seguirse para futuros ajustes del salario mínimo en Colombia.
