Consejo de Estado suspende decreto del salario mínimo de Petro: Gobierno tiene 8 días para nuevo ajuste
El Consejo de Estado ha decidido suspender de forma inmediata el decreto mediante el cual el gobierno de Gustavo Petro fijó el salario mínimo para el año 2026, dejándolo por encima de los $2.000.000. Esta decisión representa un nuevo revés judicial para la administración Petro, que ahora deberá expedir un nuevo decreto provisional en un plazo máximo de ocho días calendario.
Fundamentos de la suspensión
El alto tribunal determinó que el incremento del 23,7% establecido por el gobierno no estaba basado en los parámetros técnicos exigidos por la normatividad vigente. En su providencia, el Consejo de Estado ordenó específicamente que las entidades demandadas deben "realizar, expedir y publicar un decreto en el que se fije el porcentaje transitorio de aumento del salario mínimo legal para el año 2026".
¿Qué pasa con los trabajadores en el interín?
La medida cautelar de suspensión solo entrará a regir cuando el gobierno fije el nuevo aumento provisional. Mientras tanto, continuará vigente el salario mínimo anterior, lo que significa que los trabajadores que reciban sus pagos en esta quincena lo harán con el monto previo a la suspensión.
Parámetros que debe considerar el nuevo decreto
El Consejo de Estado estableció claramente los aspectos macroeconómicos que el gobierno debe considerar para fijar el nuevo monto:
- Inflación observada: Variación anual del IPC a noviembre de 2025 del 5,3%
- Meta de inflación 2026: Definida por la autoridad monetaria en 3%, con intervalo de tolerancia de 3% ± 1%
- Productividad: Incorporación de información oficial sobre productividad, incluyendo PTF año corrido al III trimestre de 2025 (preliminar) de 0,91%
- Contribución de los salarios al ingreso nacional: Estimada en 2,81 puntos porcentuales
- Desempeño económico: Crecimiento anual de 3,6% al III trimestre de 2025 y 2,8% en el año corrido
Exigencias de fundamentación económica
Cuando el gobierno decrete el nuevo salario mínimo, deberá exponer ante el Consejo de Estado una fundamentación económica detallada que incluya:
- El tipo de valoración que se practicará sobre cada criterio (cuantitativa o cualitativa)
- La manera en que se cuantifican los factores constitucionales
- La forma en que se ponderará y aplicará cada criterio
- El razonamiento cuantitativo u operación aritmética para llegar a la cifra final
- El contexto económico y análisis de impacto
Todos los datos y estadísticas deberán estar respaldados por fuentes oficiales, y cualquier cifra económica tomada como parámetro deberá estar debidamente cimentada en reportes o certificaciones oficiales.
Plazo y consecuencias
El gobierno tiene hasta el 20 de febrero de 2026 para estudiar la medida y definir el nuevo incremento. Este plazo de ocho días representa una presión adicional para la administración Petro, que ya enfrenta múltiples desafíos económicos y judiciales.
La decisión del Consejo de Estado se enmarca en un contexto de tensión institucional entre los poderes del Estado, donde el ejecutivo ha enfrentado varios reveses judiciales en materia económica. El ministro de Trabajo ya ha anunciado que "nos vamos a defender como gato boca arriba" y ha llamado a una "tutelatón" para proteger los derechos laborales.
