Consejo de Estado anula decreto de salario mínimo de Petro por falta de criterios técnicos
El Consejo de Estado tumbó oficialmente el decreto del salario mínimo del 23% que había sido decretado por el presidente Gustavo Petro en Colombia. La decisión judicial se fundamenta en que no se habrían seguido los criterios técnicos necesarios durante el proceso de establecimiento del nuevo monto salarial.
Nuevo decreto debe expedirse en 8 días
Según el fallo del máximo tribunal de lo contencioso administrativo, en un plazo de 8 días debe expedirse un nuevo decreto que regule el salario mínimo para el próximo período. Esta medida impactará directamente a aproximadamente 2,4 millones de personas en todo el territorio nacional que dependen del salario mínimo establecido por el gobierno.
Falta de sustento técnico en la decisión presidencial
Los magistrados determinaron que el decreto presidencial adolecía de graves falencias en su fundamentación técnica. Entre los aspectos cuestionados se encuentran:
- La ausencia de estudios económicos detallados que respalden el porcentaje del 23%
- La falta de consulta exhaustiva con los actores sociales involucrados
- La insuficiente consideración del impacto inflacionario de la medida
- La omisión de análisis sobre los efectos en la competitividad empresarial
Esta decisión judicial representa un revés significativo para la política económica del gobierno de Petro, que había presentado el aumento salarial como una de sus medidas bandera para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores colombianos.
Contexto de la medida presidencial
El decreto presidencial que establecía el aumento del salario mínimo había generado controversia desde su anuncio. Mientras sectores laborales lo celebraban como un avance en la protección de los derechos de los trabajadores, gremios empresariales y analistas económicos cuestionaban su viabilidad y posibles efectos negativos en la economía.
La anulación por parte del Consejo de Estado obliga ahora al gobierno nacional a revisar completamente el proceso y presentar una nueva propuesta que cumpla con todos los requisitos técnicos y legales establecidos en la normativa colombiana sobre fijación salarial.
El fallo judicial establece claramente que cualquier modificación al salario mínimo debe basarse en estudios técnicos rigurosos que consideren múltiples variables económicas, incluyendo inflación, productividad, situación fiscal y condiciones del mercado laboral.
