CUT califica de injusticia social suspensión del aumento salarial y convoca a movilización
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) manifestó su rechazo contundente a la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que establecía el salario mínimo para el año 2026. La organización sindical catalogó esta medida como un acto de injusticia social y de mezquindad empresarial, exigiendo al presidente Gustavo Petro la expedición inmediata de un nuevo acto administrativo con las mismas condiciones que fueron suspendidas.
Reacción sindical frente a la medida cautelar
Fabio Arias Giraldo, presidente de la CUT, expresó que la suspensión provisional constituye un retroceso significativo en materia social que afecta directamente a millones de trabajadores colombianos. "La CUT rechaza la decisión tomada por el Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto de salario mínimo. Consideramos que es un acto de injusticia social y de mezquindad empresarial", afirmó el dirigente sindical.
Arias Giraldo señaló que detrás de esta ofensiva jurídica se encontrarían sectores empresariales poderosos. "Los más ricos de Colombia, emparentados con sectores del Consejo de Estado, están atentando contra un acto de justicia social para millones de trabajadores", manifestó con contundencia.
Detalles del decreto suspendido
El decreto que fue suspendido provisionalmente había fijado el salario mínimo en $1.750.905 para el año 2026, lo que representaba un incremento del 23% frente al valor establecido para el año anterior. Esta cifra había sido establecida mediante el Decreto 1469 de 2025, cuyo efecto ha sido temporalmente paralizado por la decisión del alto tribunal.
Llamado a la movilización nacional
La central obrera hizo un llamado explícito a la movilización nacional y solicitó al mandatario colombiano que ejerza sus facultades constitucionales. "La CUT le pide al presidente Gustavo Petro que, en un acto de movilización nacional, expida un nuevo decreto en las mismas condiciones en que fue suspendido por el Consejo de Estado. El Presidente de la República tiene la facultad discrecional y constitucional para hacerlo", señaló Arias Giraldo.
El dirigente añadió que no se puede renunciar a lo que calificó como un derecho constitucional fundamental. "No podemos perder ese derecho constitucional y legal que tiene el Gobierno para redimir y hacer justicia social en Colombia con un salario mínimo de 2 millones de pesos para el año 2026", indicó con firmeza.
Apoyo del Ministerio de Trabajo
El pronunciamiento de la CUT coincide con las declaraciones del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien calificó la decisión del Consejo de Estado como 'nefasta' y sostuvo que los trabajadores deben reaccionar con movilización popular frente a la medida cautelar. Esta convergencia de posturas entre el movimiento sindical y el gobierno evidencia la tensión institucional generada por la suspensión provisional.
Alcance y condiciones de la suspensión
El Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional de los efectos del Decreto 1469 de 2025 y dispuso que el Gobierno expida un nuevo acto administrativo en un plazo de ocho días calendario, mientras se adelanta el estudio de fondo sobre la legalidad del incremento salarial.
La providencia judicial también aclara que la suspensión provisional no afecta obligaciones y derechos ya causados o pagados con base en el salario mínimo fijado inicialmente, antes de la publicación del nuevo decreto que se ordena expedir. Esta precisión busca evitar afectaciones inmediatas a los trabajadores mientras se resuelve el proceso judicial de fondo.
Contexto de la controversia
La controversia se enmarca en un escenario de tensiones entre:
- Los derechos laborales y la justicia social
- Las facultades del ejecutivo y el control judicial
- Los intereses de los trabajadores y los sectores empresariales
La CUT ha manifestado que continuará ejerciendo presión tanto en el ámbito judicial como en las calles, convocando a sus bases a mantener la movilización hasta lograr la restitución del aumento salarial suspendido. Esta situación refleja las complejidades del diálogo social en Colombia y los desafíos para alcanzar consensos en materia de política salarial.
