Gobierno cumple orden judicial con decreto de salario mínimo transitorio
El Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, ha publicado oficialmente el decreto que define el salario mínimo transitorio ordenado por el Consejo de Estado, manteniendo el incremento del 23,7% establecido previamente. Con esta medida, el salario mínimo mensual se mantiene en COP 1.750.905, mientras se resuelve el fondo del litigio judicial sobre la legalidad del aumento.
Origen de la controversia legal
La situación se originó cuando la Sección Segunda del Consejo de Estado suspendió de manera cautelar el decreto mediante el cual el Gobierno había fijado el incremento del salario mínimo para el año 2026. Esta decisión se tomó en respuesta a una demanda que argumenta que el aumento no cumplió con los criterios técnicos establecidos en la Ley 278 de 1996, específicamente en lo relacionado con parámetros como la meta de inflación, la productividad, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).
El alto tribunal consideró necesario frenar provisionalmente los efectos del decreto original mientras se estudia de fondo su legalidad, otorgando al Ejecutivo un plazo de ocho días para expedir un salario mínimo temporal que rigiera durante el proceso judicial.
Antecedentes del aumento salarial
El incremento del 23,7% fue decretado en diciembre por el presidente Gustavo Petro, tras no lograrse consenso en la mesa de concertación entre representantes empresariales y sindicatos. Este aumento superó ampliamente tanto la inflación de cierre del año 2025 como las diversas propuestas discutidas durante las negociaciones tripartitas.
El Gobierno sustentó su decisión en un cálculo basado en recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el llamado "salario vital", argumentando que el ingreso mínimo vigente en Colombia estaba por debajo del umbral necesario para cubrir la canasta básica de un hogar promedio.
Controversia jurídica y cumplimiento gubernamental
La demanda presentada ante el Consejo de Estado sostiene que el aumento no habría aplicado de manera estricta los parámetros legales exigidos cuando no existe acuerdo tripartito entre gobierno, empresarios y trabajadores. Esta controversia jurídica fue precisamente lo que llevó a la suspensión cautelar del decreto original.
Con la publicación del nuevo decreto alternativo este jueves, que mantiene el mismo aumento del mínimo decretado por el Gobierno Petro en 2025, el Ejecutivo cumple formalmente con la orden judicial mientras el alto tribunal decide de fondo si el incremento del 23,7% fue o no expedido conforme a la ley colombiana.
El proceso judicial continúa su curso, y se espera que el Consejo de Estado emita una decisión definitiva sobre la legalidad del aumento salarial en las próximas semanas, determinando si el Gobierno actuó dentro del marco legal o si deberá ajustar la cifra según los parámetros establecidos en la legislación laboral colombiana.
