Defensoría del Pueblo respalda legalmente el incremento del 23% en el salario mínimo para 2026
En una intervención formal ante el Consejo de Estado, la Defensoría del Pueblo presentó un respaldo contundente al decreto mediante el cual el Gobierno del presidente Gustavo Petro estableció un incremento del 23% en el salario mínimo mensual legal vigente para el año 2026.
Fundamentos constitucionales del ajuste salarial
La institución estatal argumentó que este ajuste está completamente soportado en los parámetros que exigen tanto la Constitución Política como la legislación colombiana. La Defensoría hizo especial referencia a una sentencia judicial que establece claramente que, cuando no se logra un porcentaje de aumento mediante concertación en las mesas técnicas correspondientes, el Gobierno Nacional tiene la facultad de fijarlo mediante decreto, siempre y cuando cumpla con los criterios establecidos.
"En ejercicio de su magistratura moral y de su mandato constitucional de promoción y defensa de los derechos humanos, la entidad defendió la legalidad y constitucionalidad del decreto que fijó el salario mínimo para 2026", declaró oficialmente la Defensoría del Pueblo.
Los cuatro pilares del ajuste salarial
La entidad detalló que el decreto se fundamenta en cuatro lineamientos esenciales que deben considerarse para cualquier ajuste salarial:
- El Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide la inflación
- La productividad nacional
- El crecimiento general de la economía colombiana
- La contribución específica de los salarios al ingreso total del país
Dignidad humana como eje central
Aunque el decreto fue suspendido temporalmente para evaluar posibles efectos negativos del ajuste, la Defensoría del Pueblo se mantuvo firme en su posición, apegándose a los conceptos fundamentales de dignidad humana y salario vital.
"El concepto de remuneración mínima vital en el ordenamiento jurídico colombiano no puede entenderse únicamente como una cifra económica o un monto decretado anualmente", explicó la Defensoría en su concepto jurídico. "Se trata, por el contrario, de una garantía constitucional que trasciende la esfera del intercambio mercantil para ubicarse en el núcleo de la dignidad humana".
La institución agregó que "su naturaleza constitucional no es accidental; responde a una construcción histórica que buscó superar la noción de salario como costo de producción para elevarlo a la categoría de derecho, esencial para la realización del proyecto de vida".
Impacto social del aumento salarial
La Defensoría del Pueblo destacó que este incremento del 23% tiene un impacto directo y significativo en millones de hogares colombianos, especialmente en aquellos sectores más vulnerables de la población. También afecta positivamente a las personas beneficiarias de programas de subsidios estatales, cuyas asignaciones están indexadas directamente al salario mínimo.
"La Defensoría recomienda que se eviten escenarios de desprotección a los derechos que están reconocidos a favor de los trabajadores y trabajadoras tanto en la Constitución como en tratados internacionales", señaló el texto presentado formalmente ante el Consejo de Estado.
Protección de derechos laborales
La intervención de la Defensoría del Pueblo representa un respaldo institucional crucial para la política salarial del gobierno, enfatizando que el salario mínimo debe entenderse como un derecho fundamental y no simplemente como una variable económica. La entidad reafirmó su compromiso con la protección integral de los derechos laborales y sociales de todos los colombianos, especialmente de aquellos en condiciones de mayor vulnerabilidad económica.
