Gremios empresariales respaldan suspensión del aumento del 23% en salario mínimo
La suspensión provisional del decreto que fijó el aumento del salario mínimo para 2026 ha generado un nuevo frente de tensión entre el Gobierno Nacional, el sector productivo y la justicia administrativa. La decisión del Consejo de Estado, que ordenó expedir un nuevo decreto en un plazo de ocho días, ha sido interpretada por distintos gremios empresariales como un llamado urgente a revisar los fundamentos técnicos y jurídicos del incremento superior al 23%.
Fenalco: defensa del Estado de Derecho y proceso técnico
La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) respaldó firmemente la decisión del Consejo de Estado, sosteniendo que el decreto desconoció parámetros constitucionales y legales que deben regir la fijación del salario mínimo. Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio, afirmó que la determinación constituye "un llamado claro al respeto por el Estado de Derecho y por los mecanismos institucionales de concertación laboral".
Según Fenalco, el incremento del 23,7% careció del sustento técnico suficiente en variables críticas como la inflación, productividad, capacidad de pago de las empresas y el impacto sobre el empleo formal. El gremio advirtió que, aunque el aumento puede resultar atractivo en cifras, no responde a la realidad económica del país, especialmente en un contexto donde más del 55% de los trabajadores se encuentra en la informalidad.
"Un aumento desmedido del salario mínimo no solo pone en riesgo la generación y permanencia del empleo formal, sino que termina trasladándose a mayores precios de bienes y servicios", agregó Cabal, insistiendo en que el nuevo decreto debe ajustarse estrictamente a los parámetros legales y técnicos establecidos.
Consejo Gremial Nacional exige rigor técnico y equilibrio institucional
Desde el Consejo Gremial Nacional, su presidenta Natalia Gutiérrez afirmó que el sector empresarial respeta la determinación adoptada por el alto tribunal y recordó que se trata de una decisión provisional. "Respetamos y acatamos las decisiones de las altas Cortes. En un Estado Social de Derecho, el control jurisdiccional es pilar del equilibrio institucional y de la seguridad jurídica", señaló.
La dirigente gremial subrayó que la fijación del salario mínimo es una decisión de alto impacto económico y social, pues incide directamente en variables como el empleo formal, la inflación, la sostenibilidad empresarial, el gasto público y el poder adquisitivo de millones de hogares colombianos. En ese sentido, sostuvo que cualquier incremento debe adoptarse con rigor técnico, ponderando los criterios establecidos en la Ley 278 de 1996 y los principios de progresividad, movilidad y sostenibilidad fiscal, con una visión de largo plazo.
Finalmente, Gutiérrez hizo un llamado al diálogo institucional y técnico, señalando que Colombia necesita decisiones equilibradas que protejan los derechos de los trabajadores y, al mismo tiempo, reconozcan factores como el crecimiento económico, la productividad, la informalidad laboral y la capacidad real de generar empleo formal en el país.
Andi advierte sobre efectos económicos y necesidad de reglas claras
Desde la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), su presidente Bruce Mac Master recordó que el gremio decidió no demandar el decreto, aunque mantenía reparos significativos frente a la decisión adoptada por el Gobierno Nacional. "Estamos convencidos de los complejos efectos económicos y sociales que genera la decisión tomada por el Gobierno Nacional, que afectan a toda la población especialmente a los más vulnerables", afirmó.
Mac Master advirtió que se han generado derechos que no deberían verse afectados con la suspensión provisional y subrayó que el país debe concentrarse ahora en contrarrestar los efectos que, según el gremio, el incremento ha tenido sobre la inflación y el empleo formal. Asimismo, destacó la importancia de que se consolide jurisprudencia en torno a la fijación del salario mínimo para evitar que, a su juicio, se repitan actuaciones irregulares en el futuro.
Impacto en sectores específicos y pequeñas empresas
Desde el sector gastronómico, la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres Bogotá Región) expresó que respeta la decisión del alto tribunal, pero alertó sobre el impacto acumulado del incremento en los costos laborales. El gremio señaló que el aumento superior al 23% puede traducirse en un efecto que supera el 35% al incluir seguridad social, prestaciones, parafiscales y demás obligaciones laborales.
Para Rosmery Quintero Castro, presidenta del Observatorio Nacional de la MiPyme y directora ejecutiva de Acopi Atlántico, la decisión era previsible ante lo que calificó como un incremento unilateral no soportado técnicamente. La dirigente afirmó que el aumento ya generó una recomposición en la estructura de costos y decisiones gerenciales frente a los equipos de trabajo, además de una creciente incertidumbre en el sector empresarial.
En su opinión, los ajustes en precios que dependen del salario mínimo terminan afectando precisamente a quienes devengan uno o dos salarios mínimos, creando un efecto contraproducente en la economía de los hogares más vulnerables.
Reacciones políticas y perspectivas futuras
Desde el ámbito político, Leonor Espinoza, candidata a la Cámara por el Partido Liberal, expresó su respaldo al incremento del salario mínimo, aunque consideró que el resultado era previsible. "Cuando un decreto no se construye con sustento técnico ni jurídico sólido, termina cayéndose", afirmó. A su juicio, la falta de claridad genera incertidumbre tanto para empresarios como para trabajadores y puede afectar significativamente la estabilidad laboral en el país.
La discusión sobre el salario mínimo entra así en una nueva etapa marcada por el plazo de ocho días que tiene el Gobierno Nacional para expedir un decreto transitorio mientras el Consejo de Estado decide de fondo sobre la legalidad del aumento. Los gremios empresariales coinciden en la necesidad de fortalecer los mecanismos institucionales de concertación y garantizar que futuras decisiones salariales cuenten con el rigor técnico y jurídico necesario para proteger tanto los derechos de los trabajadores como la sostenibilidad del empleo formal y la estabilidad económica nacional.
