Gobierno de Petro impugna decisión judicial sobre salario mínimo
El Gobierno nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, presentó formalmente este miércoles un recurso de súplica ante el Consejo de Estado, buscando revertir la suspensión provisional del decreto que estableció el aumento del salario mínimo para el año 2026. La acción legal fue radicada a las 4:31 p.m., justo un día antes de las marchas convocadas por el mandatario, marcando un nuevo capítulo en este controvertido proceso.
Antecedentes del conflicto salarial
En diciembre de 2025, tras el fracaso de las negociaciones entre sindicatos y empresarios en la mesa de concertación, el presidente Petro fijó unilateralmente un incremento cercano al 23,7% en el salario mínimo legal. Esta decisión elevó la remuneración mensual base a aproximadamente $1.750.905, más el correspondiente auxilio de transporte, representando uno de los aumentos más significativos de los últimos años.
Sin embargo, el 13 de febrero de 2026, el Consejo de Estado -con ponencia del magistrado Juan Camilo Morales- ordenó la suspensión provisional del decreto presidencial. El alto tribunal admitió una demanda de nulidad contra el acto administrativo, argumentando que el Gobierno no había sustentado adecuadamente el incremento con los criterios técnicos y legales exigidos por la Ley 278 de 1996.
Fundamentos de la suspensión y la apelación
Según la decisión judicial, el Ejecutivo habría basado principalmente el aumento en el concepto de "salario mínimo vital", un criterio que -a juicio del tribunal- no puede ser el único parámetro para determinar el ajuste anual. La ley establece que deben considerarse variables como la inflación, la productividad laboral y el crecimiento económico del país.
En el recurso de súplica, firmado por representantes de los ministerios del Trabajo y Hacienda, el Departamento Administrativo de la Presidencia y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, se solicita "revocar el auto recurrido por exceder la finalidad instrumental de las medidas cautelares". Los abogados del Gobierno argumentan que la suspensión configura "una sustitución regulatoria temporal incompatible con el régimen cautelar y el debido equilibrio de competencias" entre los poderes del Estado.
Implicaciones y contexto político
Este enfrentamiento entre el Gobierno y la justicia administrativa ocurre en un momento de alta tensión política, con el presidente Petro convocando movilizaciones ciudadanas para respaldar sus políticas económicas. La suspensión del decreto ha generado incertidumbre entre trabajadores y empleadores sobre el monto definitivo del salario mínimo para 2026.
El recurso presentado este miércoles representa el último esfuerzo del Ejecutivo para mantener vigente el aumento salarial decretado en diciembre. El Consejo de Estado deberá ahora estudiar los argumentos del Gobierno y decidir si mantiene o revoca la medida cautelar, en una decisión que tendrá profundas repercusiones económicas y sociales para millones de colombianos.
Mientras tanto, el debate sobre la metodología para fijar el salario mínimo continúa abierto, con sectores empresariales insistiendo en la necesidad de considerar la capacidad de pago de las empresas, y los sindicatos defendiendo el derecho a un ingreso digno que cubra las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias.
