Gobierno Petro evalúa tutelatón para defender aumento del 23% en salario mínimo de 2026
El Gobierno Nacional ha reaccionado con firmeza ante la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que estableció un aumento del 23% en el salario mínimo para el año 2026. Desde el Ejecutivo, se ha calificado esta medida como arbitraria y se ha señalado que aún disponen de tiempo para presentar sus argumentos en defensa del incremento decretado.
Críticas desde el Ministerio del Interior y del Trabajo
El ministro del Interior, Armando Benedetti, fue uno de los primeros en pronunciarse, afirmando que la decisión afecta directamente a la clase trabajadora y refleja la influencia de una élite sobre las instituciones del Estado. “Me enteré de que se cayó el salario mínimo vital; eso demuestra que no se les quiere ayudar a los menos favorecidos, que hay una clase dirigente que tiene influencia en el Congreso y las altas cortes y que ese beneficio no se les quiere dar a las personas”, aseguró Benedetti.
Por su parte, desde el Ministerio del Trabajo, Antonio Sanguino adoptó un tono igualmente crítico, señalando que la cartera está revisando la decisión del Consejo de Estado para definir el camino a seguir, sin descartar acciones judiciales adicionales. Sanguino mencionó la posibilidad de una tutelatón, aunque aclaró que no hay una determinación concreta y que el análisis jurídico continúa en curso. “La decisión del Consejo de Estado es inconstitucional, irresponsable e inhumana. ¡Vamos a llevar la defensa del salario vital de los trabajadores hasta las últimas consecuencias”, afirmó.
Análisis técnico y perspectivas políticas
En contraste con la lectura política del Gobierno, algunos analistas ofrecieron una interpretación técnica de la decisión. Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence, explicó que el Consejo de Estado decretó la suspensión provisional del Decreto 1469 de 2025 por dudas jurídicas sobre su fundamentación frente a los criterios de la Ley 278 de 1996, en particular inflación y productividad. Según Mejía, en la práctica el salario mínimo sigue vigente mientras el Gobierno expide un nuevo decreto transitorio debidamente motivado.
Desde sectores políticos cercanos al presidente Gustavo Petro, voces como la de Gustavo Bolívar sostuvieron que el Consejo de Estado incurrió en una extralimitación de funciones al suspender el decreto, argumentando que se trata de una arbitrariedad que afecta la lucha contra la desigualdad y la pobreza.
Impacto económico y futuros pasos
El aumento del salario mínimo para este año presenta grandes retos fiscales para el país. Mejía añadió que el fallo no altera el choque de costos asociado al aumento, pero sí introduce un nuevo elemento de incertidumbre. Esta incertidumbre puede traducirse en menores incentivos a la contratación formal y en una mayor dispersión de las expectativas de inflación, mientras se define el desenlace jurídico del proceso.
Ahora, el debate sobre el salario mínimo entra en una nueva fase, marcada por la confrontación entre el Ejecutivo y la justicia administrativa, y por la necesidad de definir una salida transitoria que brinde claridad a empresas y trabajadores. El Gobierno Petro no descarta una ofensiva jurídica, incluyendo una posible tutelatón, para revertir el fallo y defender el aumento del 23%.
