Consejo de Estado suspende aumento del salario mínimo: impacto directo en el salario integral
El Consejo de Estado tomó una medida cautelar que suspendió temporalmente el decreto que establecía el aumento del salario mínimo para 2026, argumentando que no cumplía con los criterios técnicos requeridos por la ley. Esta decisión judicial genera importantes repercusiones en el esquema de salario integral, afectando especialmente a ejecutivos y cargos de alta responsabilidad en empresas colombianas.
¿Qué es el salario integral y cómo funciona?
El salario integral es una modalidad especial de remuneración que combina en un solo pago tanto la compensación por trabajo ordinario como la mayoría de prestaciones sociales establecidas por ley. Este esquema incluye:
- Primas legales
- Cesantías e intereses sobre cesantías
- Recargos por trabajo nocturno y dominical
- Otros beneficios laborales
Según el artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo, este régimen solo puede aplicarse cuando el ingreso mensual equivale a mínimo 13 salarios mínimos legales vigentes, lo que lo hace exclusivo para posiciones ejecutivas y de alta responsabilidad. La estructura se compone de un factor salarial equivalente a 10 salarios mínimos, más un factor prestacional adicional de al menos 30%.
Impacto inmediato en las empresas y trabajadores
Con el aumento del 23% en el salario mínimo que había sido decretado inicialmente, el salario integral había experimentado un incremento superior al 24%, llevando la remuneración mensual a aproximadamente 22.761.765 pesos. Sin embargo, la suspensión de este aumento por parte del Consejo de Estado ha generado incertidumbre en el sector empresarial.
Un estudio de la Federación Colombiana de Gestión Humana (Acrip) revela datos preocupantes:
- Aproximadamente el 50% de las empresas aún no ha definido cómo procederá con el salario integral
- El 39% de las organizaciones planea realizar la transición al salario ordinario
- Solo el 25% mantendría el esquema integral, aunque con posibles reducciones salariales
En medios como Blu Radio se ha reportado que cerca del 14% de las empresas ya han trasladado a sus trabajadores del régimen integral al ordinario, mientras que otras evalúan sus opciones ante la nueva situación legal.
Fundamentos de la decisión del Consejo de Estado
El Consejo de Estado explicó que la medida cautelar busca proteger temporalmente el objeto del proceso y garantizar que una eventual sentencia favorable tenga efectos reales. La demanda que originó esta suspensión argumentaba que el Decreto 1469 incumplía el artículo 8 de la Ley 278 de 1996, al no justificar adecuadamente variables técnicas fundamentales como:
- La inflación proyectada
- La productividad laboral
- El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB)
- La meta inflacionaria establecida
El alto tribunal acogió estos argumentos y decidió congelar los efectos del decreto hasta que el Gobierno Nacional expida uno nuevo que se ajuste estrictamente a los criterios legales establecidos. El Ejecutivo cuenta con un plazo de 8 días hábiles para publicar este nuevo decreto con el salario mínimo ajustado.
Panorama actual y perspectivas futuras
La situación genera un escenario de incertidumbre tanto para empleadores como para trabajadores bajo el régimen de salario integral. Mientras las empresas revisan sus políticas de compensación y evalúan alternativas, los trabajadores afectados enfrentan posibles cambios en sus condiciones laborales y remunerativas.
El Gobierno Nacional deberá presentar un nuevo decreto que cumpla con todos los requisitos técnicos establecidos por la ley, considerando las variables económicas que el Consejo de Estado señaló como insuficientemente justificadas en la propuesta anterior. Esta decisión judicial marca un precedente importante en la regulación laboral colombiana y en los mecanismos de fijación del salario mínimo.
Mientras se resuelve definitivamente el fondo del asunto, el sector empresarial y los trabajadores bajo el esquema integral deberán mantenerse atentos a las nuevas disposiciones gubernamentales y a las posibles adaptaciones que requieran sus contratos laborales y políticas de remuneración.
