Gobierno Petro establece jornada laboral reducida para estudiantes en formación práctica
El Ministerio de Trabajo, en el marco del gobierno del presidente Gustavo Petro, ha expedido el Decreto 223 de 2026, que formaliza una jornada laboral especial de 30 horas semanales para un grupo específico de colombianos. Esta medida regulatoria no aplica de manera generalizada a todos los trabajadores, sino que está diseñada específicamente para estudiantes que realizan prácticas profesionales o monitorías en empresas del sector privado y público.
¿Quiénes son los beneficiarios de esta jornada laboral reducida?
De acuerdo con la normativa recién implementada, la jornada laboral de 30 horas está dirigida exclusivamente a estudiantes en etapa de formación que desarrollan prácticas en empresas. Es crucial comprender que estos jóvenes no mantienen una relación laboral tradicional con las compañías; es decir, no existe un contrato de trabajo convencional, sino un vínculo formativo de carácter académico.
El decreto establece diferencias significativas según la edad de los estudiantes:
- Para menores de 17 años: La jornada no puede superar las 30 horas semanales y debe finalizar, como máximo, a las 6:00 p. m.
- Para jóvenes entre 17 y 18 años: El límite aumenta a 40 horas semanales, con horario permitido hasta las 8:00 p. m.
- Para estudiantes mayores de edad: La intensidad horaria dependerá del convenio entre la institución educativa y la empresa, pero con una condición fundamental: las prácticas no pueden interferir con las clases académicas.
Adicionalmente, se fija un mínimo de 24 horas semanales, lo que garantiza una participación activa y significativa en las prácticas sin generar sobrecarga académica o laboral para los estudiantes.
Condiciones y obligaciones para las empresas receptoras
El decreto también establece responsabilidades claras y específicas para las empresas que vinculen practicantes estudiantiles. Entre las principales obligaciones se encuentran:
- Asignación de un tutor académico: La institución educativa debe designar un tutor que supervise que las actividades desarrolladas por el estudiante estén alineadas con el programa académico y los objetivos de formación.
- Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales: Las compañías deben garantizar esta afiliación desde el primer día de la práctica, proporcionando cobertura completa en caso de accidentes o incidentes durante las actividades formativas.
- Remuneración y apoyo de sostenimiento: Aunque el documento no obliga al pago de un salario tradicional, sí establece la entrega de un apoyo de sostenimiento que debe cubrir gastos básicos como transporte y alimentación, representando un respaldo económico fundamental para los estudiantes.
- Relación directa con el pensum académico: Las funciones asignadas a los practicantes deben estar directamente relacionadas con su formación académica, evitando que sean utilizados en labores ajenas o no pertinentes a su campo de estudio.
Objetivos y alcance de la regulación
El propósito central de esta regulación es establecer condiciones claras y protegidas que permitan a los jóvenes adquirir experiencia laboral valiosa sin comprometer su proceso académico. El decreto introduce límites de tiempo precisos, requisitos de supervisión académica y garantías mínimas de bienestar, creando un marco normativo que busca equilibrar la formación teórica con la práctica profesional.
Esta iniciativa representa un avance significativo en la protección de los derechos de los estudiantes en formación y en la formalización de las relaciones entre el sector educativo y el productivo. Al establecer parámetros claros, se busca prevenir abusos y garantizar que las prácticas profesionales cumplan efectivamente con su objetivo formativo, contribuyendo al desarrollo de competencias laborales en las nuevas generaciones de colombianos.
