Sindicato alerta sobre presunto patrón de acoso laboral en Defensoría del Atlántico
El Sindicato de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo (Sindehep) ha hecho pública una denuncia de máxima gravedad que involucra a la Regional Atlántico de la institución. Según el comunicado oficial, existirían más de diez casos documentados de presunto acoso laboral, violencia psicológica y negligencia institucional que afectarían principalmente a mujeres trabajadoras.
Funcionaria embarazada en situación crítica
El caso que genera mayor alarma es el de la funcionaria Martha de la Cruz, quien actualmente cursa el quinto mes de embarazo y se encontraría en grave estado de salud tras meses de presuntas situaciones de hostigamiento laboral. El sindicato ha calificado esta situación como "una alerta institucional de máxima gravedad", señalando que la condición de embarazo activa un deber reforzado de protección por parte de la entidad.
"La ausencia de medidas oportunas y eficaces frente al deterioro progresivo de la salud de la funcionaria resulta inaceptable", advierte el documento sindical, que exige protección integral inmediata que incluya:
- Garantías para la vida y salud de la trabajadora
- Estabilidad laboral y protección del embarazo
- Atención psicosocial especializada
- Protección frente a posibles represalias
Patrón de violencia laboral sistemática
Según la información recopilada por Sindehep, los más de diez casos de presunto acoso laboral no representarían hechos aislados, sino que evidenciarían un patrón de violencia laboral sistemática que se habría intensificado desde la posesión de la actual Defensora Regional en abril de 2023.
El sindicato manifiesta especial preocupación porque la cantidad de señalamientos en un periodo relativamente corto resulta incompatible con la misión constitucional de la Defensoría del Pueblo y con los estándares mínimos en materia de derechos humanos dentro del ámbito laboral.
Exigencias concretas del sindicato
En su pronunciamiento, Sindehep ha formulado exigencias específicas a la institución:
- Activación real y efectiva de las rutas contra el acoso laboral con enfoque de género
- Apertura de investigaciones serias, imparciales e independientes sobre todas las denuncias
- Adopción de medidas administrativas y disciplinarias correspondientes
- Garantías de no repetición y protección frente a revictimización
El documento sindical advierte que la permanencia en el cargo de la actual Defensora Regional sería insostenible mientras se mantenga el cúmulo de denuncias sin decisiones claras y transparentes que aseguren imparcialidad en las investigaciones.
Contraste con compromisos institucionales
La situación denunciada contrastaría marcadamente con los compromisos públicos asumidos por la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, en relación con la agenda de género y la protección de los derechos de las mujeres. Para Sindehep, la persistencia de presuntas prácticas de violencia laboral al interior de la institución enviaría un mensaje profundamente contradictorio.
"El acoso laboral y la violencia institucional no pueden normalizarse en una entidad cuya misión es precisamente la defensa de los derechos humanos", señala el comunicado con particular énfasis.
Hasta el momento de redacción de este informe, la Defensoría del Pueblo Regional Atlántico no ha emitido un pronunciamiento oficial frente a estas graves denuncias, lo que aumenta la preocupación del sindicato y de las organizaciones de derechos humanos que siguen de cerca el caso.
