Decreto laboral habilita huelgas sectoriales en Colombia, generando debate jurídico
El Ministerio de Trabajo expidió un decreto que reactivó varios artículos sobre derecho colectivo que habían sido objeto de intenso debate durante la reforma laboral de 2024. En aquel momento, un conjunto de aproximadamente 20 disposiciones fue eliminado por implicar la modificación de derechos constitucionales fundamentales, como el derecho a la huelga, dado que la reforma se había planteado como ley ordinaria y no como ley estatutaria.
Un cambio estructural en las negociaciones laborales
A través de esta vía administrativa, la cartera de Trabajo expidió el Decreto 0234, mediante el cual estableció nuevas reglas en materia de negociación colectiva. Con esta norma, el Gobierno introduce un modelo de negociación en niveles superiores al de la empresa, lo que representa una transformación significativa en las relaciones laborales colombianas.
Esto significa que la negociación entre trabajadores y empleadores ya no se limita exclusivamente a cada empresa por separado. Ahora se abre la puerta a que pueda darse por sector económico completo, rama de actividad específica o incluso a nivel nacional, agrupando a múltiples empresas y trabajadores simultáneamente.
En términos prácticos, el nuevo decreto habilita la posibilidad de huelgas sectoriales. Sin embargo, esta ampliación genera incertidumbre jurídica al no quedar completamente claro cómo se determina quién tiene la legitimidad para negociar en nombre de un sector específico.
Ejemplos concretos y preocupaciones de expertos
Por ejemplo, podrían darse casos en los que un sindicato negocie condiciones laborales para toda la industria de la construcción, y no solo para una empresa en particular. También podría ocurrir que, tras una negociación, se establezcan acuerdos aplicables a todas las compañías de un mismo sector económico, como el comercio o los servicios.
Frente a este escenario, Juan Fernando Escandón, gobernador del Colegio de Abogados del Trabajo de Colombia, señaló que "el decreto plantea un cambio estructural en la forma en que se negocian las condiciones laborales en el país. No obstante, su diseño técnico deja numerosas preguntas sobre cómo funcionará realmente este nuevo esquema".
Agregó que "históricamente, el sistema colombiano de negociación colectiva se ha centrado en el ámbito empresarial. Aunque la legislación permite negociaciones con varios empleadores, la práctica institucional ha privilegiado los acuerdos dentro de cada empresa".
Para Escandón, con este cambio "en sectores con gran diversidad empresarial, como comercio, agricultura o servicios, definir quién representa a las empresas puede convertirse en una fuente de conflicto jurídico y operativo".
La realidad de la baja sindicalización en Colombia
La otra pregunta fundamental es si, en términos cuantitativos, este nuevo decreto realmente tendrá un gran impacto. Camilo Cuervo, socio de Holland & Knight, explicó que la tasa de sindicalización en Colombia apenas alcanza el 4,5%, por lo que no se trata de una medida pensada para el grueso de la fuerza laboral nacional.
"La negociación por industria tiene un gran problema: está pensada y diseñada para países con alta formalidad laboral y elevados niveles de sindicalización. En Colombia, seis de cada diez trabajadores no tienen un contrato de trabajo y, mucho menos, afiliación sindical", afirmó Cuervo.
Otro de los puntos que señaló el experto es que, por definición constitucional, el derecho de asociación implica la libertad de decidir si afiliarse o no a un sindicato, lo que añade complejidad a la implementación de este nuevo modelo.
Recuerdo de la huelga de Avianca y desafíos legales actuales
¿Recuerda la emblemática huelga de pilotos de Avianca en 2017? Fueron 51 días intensos en los que la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles suspendió sus labores y afectó directamente a más de 500.000 pasajeros. Con el nuevo decreto, el panorama podría cambiar radicalmente: las huelgas ya no serían solo dentro de una empresa específica, sino que podrían extenderse a sectores completos o incluso a toda una industria nacional.
Desde algunos sectores empresariales y jurídicos ya se han presentado demandas contra el decreto por vicios de trámite e inconstitucionalidad. Según Cuervo, "ya se radicó una solicitud ante el Consejo de Estado para su suspensión inmediata", lo que anticipa una batalla legal prolongada sobre la validez y aplicación de esta normativa laboral transformadora.
