Analista advierte sobre el peligro institucional del aumento del salario mínimo en Colombia
Las instituciones constituyen la base fundamental para el desarrollo de cualquier nación. Según el análisis del director de ECSIM, Diego Gómez, PhD, estas estructuras han protegido históricamente al país de gobiernos irresponsables, corruptos y populistas que han amenazado persistentemente con destruir los cimientos de nuestra democracia. El reciente embate sobre el salario mínimo debe comprenderse precisamente desde esta perspectiva crítica.
Transgresión legal y seguridad jurídica
El nuevo decreto de aumento para 2026 busca, de manera deliberada según el experto, transgredir la ley establecida y colocar al país en una peligrosa encrucijada institucional. Lo primero y más fundamental es garantizar el cumplimiento de lo dispuesto por la normativa para la fijación del salario mínimo. Esta regulación se estableció específicamente para proteger a la nación de medidas populistas e irresponsables que puedan desestabilizar la economía.
Saltarse estas disposiciones por conveniencia política o estrategia partidista representa un salto al vacío institucional, al desconocer los marcos legales que sostienen el Estado de derecho. Si no hacemos respetar estas normas básicas, advierte Gómez, ya no existirá seguridad jurídica en el territorio colombiano. Son irresponsables e insensatos quienes actúan por fuera de lo que establece la ley.
Precedente peligroso y realidad laboral
La decisión de mantener los aumentos ya realizados podría ser unilateral y voluntaria por parte del sector empresarial, con posibles efectos políticos y sociales adecuados en el corto plazo. Sin embargo, no puede convertirse en un "concierto para delinquir" ni pasar por encima del ordenamiento legal vigente, pues ello generaría un precedente extremadamente costoso y destructivo para la economía, la sociedad y la democracia colombiana en su conjunto.
Pero existe un aspecto aún más siniestro y grave en esta discusión nacional. Seis de cada diez colombianos se levantan cada día para trabajar sin contar con una ley laboral que los ampare adecuadamente. El salario mínimo y las regulaciones laborales simplemente no existen para esta mayoría de trabajadores informales. Esta constituye la gran tragedia social sobre la cual marcha, de manera hipócrita según el analista, nuestra nación entera.
La Colombia dual y comparaciones internacionales
Colombia ha configurado una sociedad profundamente dual. Por un lado, apenas el 40% de la población cuenta con empleos formales generados principalmente por empresas que logran mantenerse viables dentro de enormes imposiciones regulatorias y fiscales. Por otro lado, existe una amplia capa compuesta por empleos estatales derivados de esquemas depredatorios y, principalmente, por el vasto sector informal.
El Estado, junto con Bogotá y Medellín, viven dentro de una cúpula de cristal privilegiada. Todas las demás ciudades y regiones del país registran más del 50% de informalidad laboral. Los aumentos del salario mínimo y las mayores exigencias de la reforma laboral están profundizando dramáticamente la enorme brecha de esta Colombia dual, según el análisis presentado.
Esa hipocresía capitalina y tecnocrática mantiene al país atrapado en una trampa de subdesarrollo crónico. En análisis comparativos de regímenes laborales a nivel internacional se encuentran profundas disfuncionalidades en el caso colombiano. Mientras Colombia, Argentina y otros países latinoamericanos presentan niveles de informalidad superiores al 50%, naciones como Estados Unidos y Países Bajos mantienen tasas inferiores al 4%.
Alternativas y el caso de Medellín
Los regímenes laborales más eficientes en términos sociales son aquellos más abiertos, con contratación por horas, mayores responsabilidades sociales de los trabajadores y un enfoque en una ética del trabajo centrada en la generación colectiva de valor social, más que en el asistencialismo estatal permanente.
El ingreso vital de las familias representa una construcción social compleja, no algo que pueda decretarse mediante resoluciones gubernamentales. Medellín, en el año 2002, se encontraba en una situación crítica con un nivel de pobreza del 50%. La sociedad en su conjunto emprendió entonces un ambicioso proyecto de transformación productiva e integración social que rindió frutos notables.
Para 2024, el ingreso medio de la ciudad aumentó en un extraordinario 170%, según datos obtenidos con la microdata del Dane. En contraste, el aumento para Colombia en su totalidad fue de apenas 30% y para Bogotá de 70%. El camino correcto, concluye el analista, es completamente distinto: requiere más sociedad participativa y menos Estado inhabilitante que perpetúe las actuales desigualdades estructurales.
