Petro defiende constitucionalidad del aumento salarial tras decisión judicial
El presidente Gustavo Petro mantiene su postura firme sobre la legalidad del incremento del salario mínimo para el año 2026, argumentando que está completamente apegado a los mandatos constitucionales. Esta declaración se produjo como respuesta directa a la reciente decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que autorizaba dicho aumento.
Respuesta presidencial en redes sociales
En una publicación detallada en su cuenta de X, el mandatario nacional expresó: "El decreto de salario vital es ordenado por la Constitución. Y el decreto ya expedido tiene todos los criterios económicos que se han reflejado en él. Así que el decreto transitorio que pide el magistrado, mientras resuelve de fondo el consejo de estado, seguirá las órdenes de la Constitución". Petro añadió que respetará la decisión judicial pero actuará siempre conforme a la Carta Magna.
El presidente continuó explicando: "Por respeto al magistrado, el ministro de Trabajo hará una reunión de concertación de inmediato y solicito la reunión de la coordinación de movimientos sociales para estudiar la actitud y el nuevo decreto que se expedirá". Esta reunión de concertación se realizará considerando las últimas mediciones económicas y estudios técnicos disponibles.
Análisis económico y consecuencias sociales
Petro destacó la necesidad de examinar "la incidencia marginal del salario vital en el incremento de precios en algunos productos alimenticios". Además, señaló que debe estudiarse cuidadosamente "la incidencia del alza de la tasa de interés en el empleo en Colombia y en el aumento del déficit y de los precios en Colombia".
En declaraciones contundentes, el presidente advirtió sobre las graves consecuencias sociales: "Disminuir la demanda por alimentos vitales en Colombia en las actuales circunstancias llevaría a detener la economía nacional y a aumentar el hambre y la desnutrición infantil, la más grave. Eso atenta contra la vida. Nada más anticonstitucional".
Decisión del Consejo de Estado y plazos
La medida judicial, adoptada por un magistrado ponente, obliga al Gobierno Nacional a expedir un nuevo decreto transitorio en un plazo máximo de ocho días hábiles. Este nuevo acto administrativo deberá cumplir estrictamente con todos los parámetros legales y constitucionales vigentes, siguiendo los procedimientos técnicos establecidos.
El magistrado que revisa la legalidad del decreto original -que contemplaba un aumento del 23,7%- ordenó una suspensión provisional mientras se analiza integralmente la demanda en su fondo jurídico. Esto implica que los efectos legales del aumento quedan momentáneamente congelados hasta que el Ejecutivo expida el nuevo documento administrativo.
Impacto inmediato en los trabajadores
Es fundamental aclarar que los trabajadores que devengan el salario mínimo recibirán su pago correspondiente al 15 de febrero con el aumento completo del 23.7%. La medida judicial no tiene efectos retroactivos ni inmediatos sobre los pagos de nómina ya procesados, garantizando así la estabilidad económica de los empleados en el corto plazo.
El presidente finalizó su intervención con una reflexión sobre el modelo social: "Suspender un decreto de salario mínimo vital pone en riesgo la constitución que no permite deteriorar el poder adquisitivo del salario y anular la prerrogativa del gobierno y sus derechos en materia de salario". Petro extendió una invitación al pueblo trabajador para expresarse sobre este asunto de trascendental importancia nacional.
