Petro plantea salario mínimo vital de $2.155.000 para cerrar brecha histórica con productividad
El debate sobre el salario mínimo en Colombia ha tomado un nuevo rumbo con una propuesta del presidente Gustavo Petro que ha generado tanto expectativas como alertas en diversos sectores económicos y jurídicos del país.
La cifra que busca cerrar décadas de desequilibrio
Tras la suspensión del decreto anterior por parte del Consejo de Estado, el mandatario colombiano ha puesto sobre la mesa una cifra que representa un aumento significativo: $2.155.000 mensuales como salario mínimo vital. Según Petro, esta cantidad es necesaria para cerrar las brechas que se han abierto durante las últimas dos décadas entre lo que producen los trabajadores y lo que realmente reciben como remuneración.
La propuesta presidencial no surge de manera arbitraria. Se fundamenta en un análisis detallado del economista Daniel Ossa, quien utilizando datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ha revelado que desde 1996 el salario mínimo ha crecido considerablemente menos que la productividad laboral en Colombia.
Los números que respaldan la propuesta
El estudio presenta un dato crucial: entre 1996 y 2025, la brecha acumulada entre el salario y la productividad alcanzó el 53,8%. Esta divergencia se ha manifestado de manera progresiva a lo largo de los años.
Mientras que en 1996 los trabajadores recibían el 64,9% de la productividad que generaban, para 2022 esa cifra había caído al 34,2%, marcando así un mínimo histórico en la relación entre esfuerzo laboral y compensación económica.
El cálculo realizado por Ossa indica que, si se hubiera aplicado consistentemente la fórmula legal (inflación más productividad) durante los últimos treinta años, el salario mínimo actual ya superaría los 2,1 millones de pesos, en lugar de los $1.423.500 que se mantienen actualmente.
Advertencias legales y técnicos en contra
A pesar del entusiasmo mostrado por el Gobierno y algunos sectores que incluso piden aumentos superiores al 23%, abogados y expertos en derecho laboral han lanzado serias advertencias sobre los riesgos jurídicos de esta propuesta.
Ivonne Aristizábal Rojas, de Aristizábal & Rodríguez Legal Partners, asegura que si el Gobierno emite un nuevo decreto con el mismo 23% o más, podría incurrir en un "desacato material" a las decisiones del Consejo de Estado. El tribunal no solo frenó el aumento anterior por la cifra en sí, sino específicamente por la falta de criterios técnicos y legales adecuados en su fundamentación.
Por su parte, Alexander Bermúdez, director de Juridex Abogados, explicó que el Gobierno no puede simplemente cambiarle el nombre al decreto y mantener la misma cifra. "Si se aplican parámetros como el Producto Interno Bruto y la inflación con rigor técnico, no existe forma honestamente fundamentada de llegar al 23%", sentenció el experto.
Lo que viene para los trabajadores colombianos
El país se encuentra ahora en una situación de alta expectativa y tensión jurídica:
- Decreto transitorio: El Gobierno debe emitir una nueva norma que no "copie" la anterior y que cumpla con todos los requisitos técnicos exigidos por el Consejo de Estado.
- Presión social: Algunos ministros, como Edwin Palma, ya han llamado a la ciudadanía a movilizarse para defender el aumento salarial propuesto.
- Riesgo de desacato: Si el Ejecutivo ignora la orden judicial de utilizar criterios técnicos sólidos (y no solo consideraciones políticas), el salario mínimo podría quedar en un limbo jurídico aún más complejo.
El presidente Petro ha anunciado que este domingo realizará una alocución sobre el tema, lo que mantiene la atención pública centrada en este crucial debate económico que afectará directamente a millones de trabajadores colombianos.
