Presidente Petro reacciona a suspensión judicial del aumento del salario mínimo para 2026
El presidente Gustavo Petro se pronunció tras la suspensión provisional del decreto que estableció el incremento del salario mínimo para el año 2026, manifestando que respetará la decisión del Consejo de Estado, aunque defendió la constitucionalidad de la medida adoptada por su Gobierno.
Defensa del decreto y respeto al fallo judicial
A través de la red social X, el mandatario afirmó que el "decreto de salario vital es ordenado por la Constitución" y aseguró que el documento incluye todos los criterios económicos requeridos. "Respetaré su decisión pero actuaré de acuerdo a la Constitución", escribió Petro, en referencia a la orden judicial que exige la expedición de un nuevo decreto transitorio en un plazo de ocho días.
El jefe de Estado reiteró que el objetivo principal de la medida es garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores colombianos, protegiendo su capacidad de acceso a alimentos y mejorando sus condiciones de vida. Insistió en que cualquier decisión sobre el salario mínimo debe considerar cuidadosamente su impacto social y económico.
Nuevo proceso de concertación anunciado
Petro informó que el ministro de Trabajo convocará inmediatamente una reunión de concertación como parte del proceso para expedir el nuevo decreto transitorio. Este espacio tendrá en cuenta:
- Las más recientes mediciones económicas disponibles
- Estudios sobre el impacto del salario mínimo en la inflación
- Análisis del comportamiento general de la economía nacional
Adicionalmente, el presidente solicitó la reunión de la coordinación de movimientos sociales para analizar la situación actual y el contenido del nuevo decreto que deberá expedir el Gobierno en cumplimiento de la orden judicial.
Llamado a la construcción de pacto social
En su pronunciamiento, Petro reiteró su llamado a construir un "pacto social de la vida y de la paz" e invitó al pueblo trabajador a expresarse frente a la suspensión del decreto. El mandatario aseguró que el Gobierno actuará estrictamente dentro del marco constitucional durante la expedición del nuevo decreto.
Mientras tanto, el Consejo de Estado continuará con el análisis de fondo sobre la legalidad del incremento del 23,7% establecido originalmente. Esta decisión del alto tribunal abre un nuevo proceso administrativo para definir el aumento del salario mínimo, en medio de un intenso debate político y jurídico sobre los criterios que deben aplicarse para su fijación en Colombia.
La situación genera expectativa sobre cómo evolucionará este proceso que afecta directamente a millones de trabajadores en todo el país, en un contexto donde las decisiones sobre remuneración mínima tienen profundas implicaciones tanto económicas como sociales.
