Petro advierte que suspender decreto de salario mínimo pone en riesgo la Constitución
El presidente Gustavo Petro ha emitido una fuerte declaración en respuesta a la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente los efectos del decreto que estableció el salario mínimo para el año 2026. El mandatario aseguró que esta medida pone en riesgo el cumplimiento de lo ordenado por la Constitución colombiana.
Decisión del Consejo de Estado
Este viernes 13 de febrero, el Consejo de Estado tomó la decisión de suspender de manera provisional los efectos del decreto expedido el 29 de diciembre del año anterior, en el cual se había fijado un aumento del 23% en el salario mínimo vital para los trabajadores colombianos. La medida judicial busca analizar más detenidamente los aspectos legales y económicos de la disposición gubernamental.
La suspensión temporal ocurre mientras el Consejo de Estado resuelve de fondo sobre la legalidad y constitucionalidad del decreto presidencial. Este proceso judicial podría extenderse por varias semanas, generando incertidumbre entre empleadores y trabajadores sobre la aplicación definitiva del aumento salarial.
Respuesta del presidente Petro
Tras conocerse la decisión judicial, el presidente Gustavo Petro se pronunció de manera inmediata, destacando que el salario vital es ordenado directamente por la Constitución colombiana y que el decreto ya expedido cumple con todos los criterios económicos necesarios.
"El decreto de salario vital es ordenado por la Constitución. Y el decreto ya expedido tiene todos los criterios económicos que se han reflejado en él", afirmó el mandatario durante su declaración pública.
Petro añadió que respetará la decisión del Consejo de Estado, pero dejó claro que actuará de acuerdo con lo establecido en la Carta Magna: "así que el decreto transitorio que pide el magistrado, mientras resuelve de fondo el Consejo de Estado, seguirá las órdenes de la Constitución, respetaré su decisión pero actuaré de acuerdo a la Constitución".
Implicaciones del aumento del 23%
El decreto suspendido temporalmente establecía un incremento histórico del 23% en el salario mínimo para 2026, una de las alzas más significativas en la historia reciente del país. Esta medida buscaba:
- Compensar el poder adquisitivo de los trabajadores frente a la inflación
- Mejorar las condiciones de vida de las familias colombianas
- Estimular el consumo interno y la economía nacional
- Cumplir con los mandatos constitucionales sobre remuneración digna
La suspensión provisional genera dudas sobre la aplicación retroactiva del aumento en caso de que el Consejo de Estado finalmente valide el decreto presidencial. Expertos laborales advierten que esta situación podría crear complicaciones administrativas para empresas y trabajadores por igual.
Contexto constitucional
El artículo 53 de la Constitución Política de Colombia establece que el salario mínimo vital móvil debe ser determinado por el gobierno con participación de los representantes de empleadores y trabajadores. Esta disposición constitucional ha sido el fundamento principal del decreto presidencial que ahora enfrenta revisión judicial.
La tensión entre los poderes Ejecutivo y Judicial se hace evidente en este caso, donde el gobierno defiende su potestad para establecer políticas salariales mientras la justicia ejerce su función de control sobre la legalidad de dichas decisiones.
El desarrollo de este caso será seguido de cerca por analistas políticos, economistas y la ciudadanía en general, ya que establece un precedente importante sobre los límites y alcances de la intervención gubernamental en materia salarial y el respeto a los procedimientos constitucionales establecidos.
