Gobierno mantiene polémico aumento del salario mínimo en 23% para 2026
El gobierno del presidente Gustavo Petro expidió un nuevo decreto que fija de manera transitoria el aumento del salario mínimo para el presente año, manteniendo la controvertida cifra del 23 por ciento que había sido establecida a finales de 2025. Este incremento, el más alto desde que se tienen registros, establece un salario base de 1.750.905 pesos más el auxilio de transporte.
La orden del Consejo de Estado y la respuesta gubernamental
La medida se produce después de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el aumento inicial y le solicitara al Ejecutivo que expidiera un decreto que realmente tuviera en cuenta los parámetros establecidos por ley. Estos criterios incluyen la inflación, la productividad y el crecimiento económico, elementos que no estaban suficientemente explicados en el documento anterior.
El nuevo decreto, firmado por el presidente Petro en la plaza de Bolívar de Bogotá tras manifestaciones de apoyo, sí detalla el origen del porcentaje del 23%. Sin embargo, revela una discrepancia significativa: si solo se hubieran considerado los parámetros técnicos, el aumento habría sido del 13,6 por ciento y no del 23%.
La brecha del 'salario vital' y posibles consecuencias jurídicas
El gobierno justifica el 9,4% adicional argumentando que corresponde a la brecha necesaria para alcanzar el denominado 'salario vital', concepto elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Según esta definición, una canasta básica para un hogar de cuatro personas tiene un costo mensual de 2.982.589 pesos.
Expertos legales advierten que el Consejo de Estado podría considerar esta actuación como una reproducción del decreto anterior y, por tanto, un incumplimiento de su orden. Mauricio Montealegre, socio de la firma Pérez-Llorca, Gómez-Pinzón, señaló que esto podría interpretarse como desacato, con posibles sanciones económicas, multas e incluso investigaciones disciplinarias. Además, existe la posibilidad de que el alto tribunal asuma directamente el rol de fijar el salario mínimo si determina que el Ejecutivo incumplió la medida cautelar.
Impacto inmediato en los trabajadores y perspectivas económicas
Para los más de 2,4 millones de trabajadores que ganan el salario mínimo en Colombia, la situación se mantiene sin cambios: continuarán recibiendo el aumento del 23% hasta que el Consejo de Estado tome una decisión definitiva.
Mientras algunos sectores empresariales, como Bruce Mac Master de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), han expresado apoyo al incremento, otros han manifestado preocupación. Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, advirtió sobre los posibles efectos negativos:
- Destrucción de empleos formales para quienes ganan el salario mínimo
- Impacto en más de 11 millones de colombianos en la informalidad que ganan por debajo de esta cifra
- Falta de beneficios para trabajadores por cuenta propia
Estudios y proyecciones preocupantes
Diversos análisis económicos han proyectado consecuencias alarmantes:
- Un informe de Fedesarrollo estima una posible pérdida de hasta 600.000 empleos formales en comparación con un escenario donde el aumento se hubiera limitado a reconocer la inflación y la productividad.
- El equipo de Investigaciones Económicas de Bancolombia calcula que podrían desaparecer hasta 734.000 puestos de trabajo debido a mayores costos laborales y al incremento en el costo de financiamiento en un contexto de altas tasas de interés.
- Los sectores más afectados serían actividades profesionales, comercio y construcción.
El equipo técnico del Banco de la República considera que el aumento del 23% generaría incrementos en la inflación cercanos a 200 puntos básicos anuales, lo que llevaría a nuevas alzas en las tasas de interés. El Emisor proyecta que la inflación cerraría 2026 en 6,3% y 2027 en 3,7%.
Esta situación mantiene vivo el pulso jurídico y económico alrededor del salario mínimo, mientras se espera la decisión final del Consejo de Estado que podría definir no solo el monto del aumento, sino también establecer precedentes importantes sobre el cumplimiento de las órdenes judiciales por parte del gobierno nacional.
