El debate del salario mínimo: más allá de la política y la técnica
Era previsible que el incremento del salario mínimo en un 23% mantuviera encendida la discusión durante los primeros meses del año. Justo cuando el sector empresarial comenzaba a adaptarse a esta nueva realidad, el Consejo de Estado reabrió el debate al suspender temporalmente el aumento. Desde ese momento, el tema trascendió lo técnico para quedar atrapado en la contienda política, un escenario donde las posiciones han ido mutando a medida que se aproximan las elecciones.
El ruido político versus el problema de fondo
Si se deja a un lado el ruido de quienes ahora prometen reducir impuestos para sostener el aumento, y también el componente jurídico que eventualmente se resolverá bajo el principio de no regresividad, emerge el asunto central. El verdadero punto de fondo radica en una idea que normalizamos durante décadas: la creencia de que el salario mínimo solo debe crecer al ritmo de la inflación del año anterior. Lo que nació como una garantía para evitar retrocesos en épocas difíciles terminó convertido en un techo que limita cualquier avance hacia el bienestar.
Cuando la inflación marca un 5%, cualquier aumento cercano a esa cifra se celebra como prudente, y cualquier desviación se interpreta como un riesgo macroeconómico. El piso constitucional que protege el poder adquisitivo dejó de funcionar como base y pasó a operar como límite máximo. El país se acostumbró a discutir no cuánto podría mejorar la vida de los trabajadores en una economía que crece, sino cuánto se puede impedir que pierdan los trabajadores frente al alza de los precios.
Las cifras que revelan una realidad estancada
Las estadísticas muestran que, desde el año 2000, los incrementos del salario mínimo apenas logran igualar o superar por un margen mínimo la inflación pasada. Se cumple de forma estricta el mandato constitucional, pero nada más. Mientras tanto, la economía colombiana experimentó:
- Ciclos de expansión significativa
- Momentos de crecimiento sólido y sostenido
- Períodos de recuperación rápida después de crisis
El Producto Interno Bruto (PIB) no se mantuvo inmóvil, la productividad tampoco. Sin embargo, los beneficios de esos avances económicos no llegaron con la misma fuerza a quienes dependen del salario mínimo.
La ley versus la realidad económica
La legislación exige considerar variables como:
- La productividad del país
- El crecimiento económico general
- La participación en el ingreso nacional
Cuando la riqueza se concentra y el salario apenas sigue una fórmula de indexación automática, el resultado es evidente. El mínimo alcanza para sobrevivir, no para vivir con bienestar. Esto implica asumir que millones de colombianos solo pueden aspirar a no retroceder en su situación económica.
El costo de conformarse con el mínimo constitucional
Quedarnos con el mínimo constitucional como meta tiene consecuencias adicionales importantes:
- Renunciamos a fortalecer la capacidad de compra de quienes destinan la mayor parte de sus ingresos al consumo inmediato
- Se frena de forma directa la demanda interna del país
- Se perpetúa un modelo que no distribuye adecuadamente los beneficios del crecimiento económico
El verdadero reto está en comprender que un salario mínimo que apenas conserva poder adquisitivo no constituye una política económica proactiva, sino simplemente una medida de contención para tiempos particularmente difíciles. La discusión debe evolucionar hacia cómo convertir esta garantía constitucional en un instrumento real de mejora de la calidad de vida para los trabajadores colombianos.
