Gobierno expide decreto transitorio del salario mínimo mientras avanza proceso judicial
El Gobierno Nacional finalmente expidió el Decreto 0159 del 19 de febrero de 2026 que establece de manera provisional el aumento del salario mínimo para el presente año. Esta medida busca garantizar seguridad jurídica y continuidad en la remuneración mínima mientras el Consejo de Estado decide sobre la legalidad del incremento decretado a finales de 2025, cerrando temporalmente una discusión económica que generó incertidumbre al inicio del mes.
Reconocimiento técnico y justificación constitucional
El documento oficial, que ratifica el salario mínimo en $2 millones incluyendo el auxilio de transporte, contiene un elemento revelador: reconoce explícitamente que, bajo los parámetros técnicos tradicionales establecidos en la Ley 278 de 1996, el incremento habría sido sustancialmente menor al finalmente aplicado.
Según el análisis detallado en el decreto, la suma de los criterios económicos convencionales —inflación esperada, productividad, contribución de los salarios al ingreso nacional y crecimiento económico— arroja un resultado agregado de 13,6%. Este cálculo, sustentado en cifras oficiales del Dane y del Banco de la República, representa el aumento que habría resultado de aplicar exclusivamente la metodología histórica de fijación salarial en Colombia.
Metodología dual: parámetros económicos más componente vital
El Gobierno desarrolla en el documento una metodología dual que distingue entre los parámetros económicos previstos por la ley y los factores constitucionales asociados al carácter "vital y móvil" del salario mínimo. Según el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, "los parámetros de la ley son parámetros restrictivos que no alcanzan para atender una disposición constitucional".
Bajo esta lógica interpretativa, el decreto introduce un segundo componente basado en el cálculo del salario vital elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El análisis técnico compara la canasta asociada al salario mínimo vigente en 2025 con la estimación de ingreso suficiente calculada por la OIT y concluye que existía una brecha cercana al 23%.
El Ejecutivo determinó un cierre parcial de esa distancia equivalente a 9,4 puntos porcentuales, componente que se sumó al resultado técnico de la Ley 278 (13,6%) para alcanzar el aumento total del 23% que se aplica desde el primero de enero.
Impacto y contexto macroeconómico
El decreto argumenta que el ajuste beneficia directamente a cerca de 2,4 millones de trabajadores y de manera indirecta a más de seis millones cuyos ingresos se ubican entre uno y dos salarios mínimos. Para respaldar la decisión, el Gobierno cita la desaceleración de la inflación, el crecimiento económico reciente y la reducción del desempleo como señales de que el entorno permite un incremento real del ingreso laboral.
La norma establece que el salario mínimo se mantendrá en $1.750.905 (equivalente al 23% de aumento) y estará vigente únicamente hasta que el Consejo de Estado adopte una decisión de fondo sobre la legalidad del aumento original. Esto convierte el debate en algo más amplio que la cifra salarial, ya que el tribunal deberá definir si el Gobierno puede ampliar los criterios técnicos tradicionales para incorporar el concepto constitucional de salario vital como fundamento de la política laboral.
El documento enfatiza que el salario mínimo debe entenderse como un instrumento orientado a mejorar las condiciones materiales de existencia, reducir brechas de ingreso y fortalecer la demanda interna, siempre dentro de un marco de sostenibilidad macroeconómica. Esta postura marca un cambio significativo en la interpretación de los mecanismos de fijación salarial en Colombia, integrando criterios distributivos y sociales dentro de la política económica.
