Gobierno insiste en aumento del 23% para el salario mínimo pese a advertencias técnicas
El gobierno del presidente Gustavo Petro ha expedido un nuevo decreto para fijar de manera transitoria el aumento del salario mínimo para el año 2026, manteniendo la cifra del 23 por ciento que había sido decretada a finales de 2025. Este documento, firmado por el mandatario en la plaza de Bolívar de Bogotá, establece un salario de 1'750.905 pesos, más el auxilio de transporte, lo que prolonga el pulso jurídico con el Consejo de Estado.
Detalles del decreto y posibles consecuencias legales
El alto tribunal había suspendido provisionalmente el alza y solicitado al Ejecutivo que emitiera un decreto basado en parámetros legales como la inflación, la productividad y el crecimiento. Aunque el nuevo decreto explica detalladamente el origen del 23 por ciento, revela que, utilizando solo criterios técnicos, el aumento habría sido del 13,6 por ciento. El restante 9,4 por ciento proviene de la brecha para alcanzar el 'salario vital', definido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como una canasta de $2'982.589 mensuales para un hogar de cuatro personas.
Expertos legales advierten que el Consejo de Estado podría considerar esta acción como un desacato, lo que podría resultar en sanciones económicas, multas o incluso investigaciones disciplinarias. Mauricio Montealegre, socio de la firma Pérez-Llorca, Gómez-Pinzón, señaló que es probable que el alto tribunal asuma el rol de fijador del salario mínimo si determina que el gobierno incumplió la orden.
Impacto en trabajadores y economía
Más de 2,4 millones de trabajadores que ganan el salario mínimo en Colombia continuarán recibiendo el aumento del 23 por ciento hasta que el Consejo de Estado tome una decisión definitiva. Sin embargo, este incremento ha generado divisiones entre los empresarios. Mientras Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), apoyó el esfuerzo para mantener el alza, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, expresó preocupación por la posible destrucción de empleos y el impacto negativo en la economía.
Estudios recientes proyectan consecuencias alarmantes:
- Un informe de Fedesarrollo estima una pérdida de hasta 600.000 empleos formales si el aumento se hubiera limitado a la inflación y productividad.
- Bancolombia calcula que podrían desaparecer hasta 734.000 trabajos debido a mayores costos laborales y financieros, afectando sectores como actividades profesionales, comercio y construcción.
- El Banco de la República advierte que el aumento del 23 por ciento podría elevar la inflación en 200 puntos básicos anuales, llevando a subidas en las tasas de interés. Se proyecta que la inflación cerrará 2026 en 6,3 por ciento y 2027 en 3,7 por ciento.
Esta situación mantiene en vilo a millones de colombianos, mientras se espera la resolución final del Consejo de Estado, que podría definir el futuro económico del país en los próximos años.
